El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. EFE/Archivo
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, prepara la propuesta de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé responsabilidades penales para los medios de comunicación que difundan noticias sobre un proceso judicial blindado por un juez o un fiscal. El proyecto de ley, que será llevado al Consejo de Ministros en octubre próximo, es un ataque a la libertad de expresión sin precedentes en la democracia, que atenta, además, contra el derecho a la información de los ciudadanos, pero que va en la línea mantenida por el Gobierno en esta materia, reflejada en su control de RTVE y en su decisión de votar en Bruselas junto a partidos fascistas y xenófobos contra la libertad de la prensa, en días recientes.
Un juez o un fiscal podrá silenciar a los medios
Para la redacción de la propuesta, Gallardón ha nombrado a un grupo de expertos, entre los que está la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo. Por primera vez en el ordenamiento jurídico español, el juez, de oficio o a instancia del fiscal, podrá ordenar a un medio de comunicación que deje de publicar noticias sobre un sumario judicial y podrán prohibir a acusados y testigos que ofrezcan declaraciones a la prensa.
Lo que defiende Gallardón
En un foro de debate, este martes, que convocó la Asociación de la Prensa de Madrid, el ministro explicó que su intención es proteger “los derechos de los ciudadanos imputados” y consideró “preocupante” que las resoluciones de un tribunal se vean “condicionadas” por el “prejuicio formado en la opinión pública” como consecuencia de las noticias y opiniones publicadas por los medios. De acuerdo con el planteamiento de Gallardón, casos como el de Urdangarin o Gürtel podrían haber sido protegidos y sus pormenores ocultados a los ciudadanos.
La prensa se posiciona contra la medida
Según adelanta El Mundo, responsables de medios de ideología tan dispar como el subdirector de La Razón, José Antonio Álvarez Gundín y el subdirector de El País, José Manuel Romero, así como otros profesionales también presentes en el foro coincidieron en criticar la amenaza a la libertad periodística que representa esta nueva ley. El exmagistrado del Tribunal Constitucional Rafael de Mendizábal y el exdecano del Colegio de Abogados de Madrid Luis Martí, que integran la Comisión Deontológica de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (Fape), también expresaron su desacuerdo.
El Mundo lo ve como el "mayor ataque en democracia a la libertad de expresión"
El Mundo hoy dedica su editorial al plan de Gallardón, que considera una “amenaza contra los derechos constitucionales básicos como es el de la información”. Para este diario, “el contenido de esta propuesta es liberticida e incompatible con un régimen democrático. Si acabara incorporándose al Código Procesal Penal supondría el mayor ataque en Democracia a la libertad de expresión”.
El reaccionario Gallardón
Con este intento de amordazar a la prensa, que se añade a la reforma retrógrada de la ley del aborto que también lleva adelante el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón se posiciona como uno de los miembros del Gobierno más reaccionarios y pone en evidencia que su imagen de moderado y centrista que exhibió en otros tiempos era solo mero populismo.
El control de RTVE
El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal es un paso más en el intento del Gobierno de limitar el derecho fundamental a la información del que ya ha dado sobradas muestras desde su llegada al Gobierno con la aprobación de un decreto ley, a principios de 2012, que modificó la forma de elección del consejo de administración de RTVE que exigía desde 2006, por decisión del Gobierno socialista, el consenso de dos tercios de la Cámara de los Diputados. De esa manera el Ejecutivo de Rajoy se garantizó la dirección del ente público sólo con su mayoría absoluta en el Congreso y en consecuencia el control informativo del ente público.
Las amenazas a los medios por el caso Bárcenas
Las amenazas de querellas de la dirección del PP contra los medios de comunicación que han difundido datos sobre el caso Bárcenas y la presunta contabilidad B del PP y los sobresueldos a altos cargos populares, especialmente contra el diario El País, constituyen también una muestra de la actitud de este partido ante la libertad de expresión.
La votación en Bruselas, junto a Le Pen
Este mes, el PP volvió a posicionarse contra la libertad de prensa en el Parlamento Europeo al votar contra una resolución que exige a los gobiernos europeos que garanticen que los periodistas desarrollar su trabajo en total libertad. El PP se posicionó junto a los eurodiputados del fascista y xenófobo del francés Jean-Marie Le Pen y del británico Nigel Farage. La decisión del Grupo popular en el Parlamento Europeo sorprendió incluso a los partidos más conservadores de la Unión Europea.
