El Gobierno 'olvida' a las víctimas del Yak-42 en el décimo aniversario de la tragedia

Los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42 en Turquía en 2003, hace hoy diez años, no tendrán un homenaje oficial por parte del Gobierno. Sus familiares creen que es “coherente” con la actitud que ha mantenido el Partido Popular sobre este caso, en el que tiene mucho que perder, y recuerdan que el año pasado “indultó a los únicos condenados”. Tal vez es la revancha de Mariano Rajoy por las críticas recibidas en diciembre de 2012 cuando durante una visita a Afganistán realizó un homenaje ante el monumento levantado en Kabul a los soldados fallecidos en la tragedia. Los familiares vieron en aquello una actitud “hipócrita” y una “burla”.

Homenajes organizados por los familiares
El Ministerio de Defensa, que dirige Pedro Morenés, no ha organizado un homenaje oficial, por lo que los familiares se reúnen por separado este domingo en las ciudades de origen de los fallecidos, Zaragoza, Burgos y Madrid y, también, en la localidad turca de Trebisonda, cercana al lugar del accidente, para recordar a los militares muertos, que aquel 2003 regresaban de una misión internacional tras cumplir cuatro meses en Afganistán.

Identificaciones falsas
El exministro de Defensa José Bono escribió en las páginas de su diario, escritas en 2004 cuando llevaba un mes en el puesto, que el informe del Instituto Anatómico Forense sobre las identificaciones del Yak-42 “confirmaron por escrito lo que ya sabíamos: las 30 identificaciones de cadáveres realizadas por los forenses españoles son falsas”.

Tres procesos judiciales
Se abrieron tres procesos judiciales en España por el accidente, dos de ellos en la Audiencia Nacional: uno por posibles irregularidades en la contratación del Yakovlev 42, que se archivó, y otro por las falsas identificaciones de los cadáveres , que condenó a tres mandos militares.

Grande-Marlaska archivó la primera causa
En la causa por la contratación del Yak-42 estaba imputada la cúpula militar que encabezaba  el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo: el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Antonio Moreno; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Luis Ibarreta; el jefe de la División de Operaciones, José Antonio Martínez; los coronales Joaquín Yáñez y Abraham Ruíz; y el teniente coronel Alfonso Elías. El juez del caso en la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, consideró que no había "responsabilidad penalmente relevante" en ninguno de ellos, contradiciendo la petición del fiscal, que sí consideró que los mandos militares incurrieron en una "imprudencia grave" y una "absoluta falta de diligencia, pese a conocer las enormes deficiencias e irregularidades que caracterizaban este tipo de vuelos".

Optó por no imputar a Trillo, y Aznar le apoyó
La Audiencia Nacional estudió imputar al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, pero finalmente lo descartó. En 2008 Trillo sí fue llamado a declarar como testigo ante el juez. El político popular alegó en su defensa que no tuvo ninguna responsabilidad en la contratación del Yak 42 y aseguró que tras el accidente puso su cargo a disposición del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, y que éste lo rechazó al considerar que no tuvo competencias en el asunto, a pesar de ser el máximo responsable de Defensa.



Las declaraciones ignoradas de Bono
El sucesor de Trillo en el Ministerio de Defensa, José Bono, también declaró ante Grande-Marlaska. Dijo que el avión no reunía las condiciones de seguridad necesarias para volar y que "probablemente" Trillo debía conocer alguna de las 18 quejas sobre la seguridad de los vuelos contratados para el traslado de tropas.

Las razones alegadas por el juez
Grande-Marlaska archivó la causa en febrero de 2012. En resumen, la Audiencia Nacional consideró la "fátiga y la falta de preparación" de la tripulación como causa del accidente y el Tribunal Constitucional avaló esta decisión judicial.

El proceso por las identificaciones falsas
El segundo proceso, el de las irregularidades en las identificaciones, finalizó en 2009 con la condena de tres años de cárcel al general Vicente Navarro, a quién Trillo encargó la repatriación de los cadáveres; y dos años de cárcel para los comandantes sanitarios José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez.

Trillo se lavó las manos hasta el final, y Rajoy le apoyó
Cuando se hizo pública la sentencia, Federico Trillo, entonces portavoz de Justicia del PP, volvió a lavarse las manos en el caso al declarar, en una rueda de prensa, que no supo de las identificaciones erróneas hasta meses después del accidente y añadió que condenados por las irregularidades en las identificaciones "obraron de buena fe". También dijo que había puesto su cargo a disposición de Mariano Rajoy, líder del PP, y que éste, como antes Aznar, no lo aceptó.