Medio centenar de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia durante un "escrache informativo". EFE/Archivo
Un juez en Cantabria ha archivado una denuncia de un alcalde del PP por una protesta de afectados por los desahucios al considerar que la Constitución "legitima" las manifestaciones en cualquier lugar público, incluida la puerta del domicilio de los políticos, siempre que se realice de manera pacífica. Ayer, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, afirmó, en el mismo sentido, que “los escraches, en tanto no sean violentos, son un ejemplo de la libertada de manifestación”.
El juez cántabro archiva la denuncia del alcalde de Torrelavega
El juez Pablo Fernández de la Vega, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Torrelavega ha decidido archivar una denuncia presentada por el alcalde de esta localidad, Ildefonso Calderón (PP), quien es, además, diputado en el Parlamento de Cantabria.
Calderón denunció a un grupo de personas a raíz de una protesta promovida por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) que empezó en la sede del PP en Torrelavega, recorrió después varias entidades bancarias y, en el trayecto, se detuvo junto al domicilio del alcalde.
No ve indicios de delitos o faltas
El juez Fernández de la Vega explica en su auto que no hay indicios de que los manifestantes hayan cometido falta o delito de injurias, amenazas o coacciones contra el alcalde o su familia, o que se haya probado que se impidiera salir o entrar del edificio a alguna persona durante el tiempo que duró la concentración frente a la vivienda del político.
Los derechos de reunión y libertad de expresión
El magistrado justifica su decisión con los derechos de reunión y libertad de expresión, protegidos por la Constitución, que, en su opinión, el alcalde debería tener en consideración, como "destacado militante y cargo político" del partido que apoya al Gobierno. Fernández de la Vega deja claro que la Constitución “legitima” a los denunciados a manifestarse contra los desahucios "en cualquier lugar público, como puede ser la calle", o ante la puerta del domicilio del alcalde.
Los políticos deben aceptar protestas
Según el auto, la Constitución ampara a los ciudadanos para mostrar su "repulsa" hacia la política del Gobierno y para pedir cambios. Eso sí, siempre que lo hagan "pacíficamente", como, en su opinión, ocurrió en este caso.
El juez recuerda que "todo cargo político en un régimen democrático" debe "soportar pacientemente las molestias que le puedan causar este tipo de actos, ya que también se aprovecha de las indudables ventajas" del cargo, de modo que la protección del honor y la intimidad "disminuye", aunque no se "diluye" totalmente.
