El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha ordenado a todos los fiscales que informen sobre los escraches que se produzcan en su demarcación y, además, está estudiando la posibilidad de aplicar la ley a estas protestas ante los domicilios de políticos.
Informar sobre todos los escraches
El oficio, remitido a todos los fiscales el pasado 4 de abril, por el teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General, José Miguel de la Rosa, al que ha tenido acceso El País, expresa textualmente que “a los expresados efectos y sin perjuicio de las actuaciones que estime procedentes realizar en cada supuesto concreto, ruego informe a esta Secretaría Técnica de todos los acaecimientos de dicha índole que se produzcan en el territorio de su Fiscalía”.
Estudiará posibles acciones penales
En el escrito se afirma que “en la actualidad se están produciendo situaciones de acoso al entorno personal de diferentes representantes parlamentarios y otros cargos institucionales, promovidos por afectados por procedimientos hipotecarios y otros colectivos similares”.
El fiscal general del Estado hace saber que el Ministerio Público “va a realizar el correspondiente análisis sobre la relevancia jurídico-penal de cada una de estas situaciones, así como el estudio de la respuesta que, en cumplimiento de las funciones que tiene legalmente encomendadas, le corresponde adoptar al Ministerio Fiscal en relación con tales hechos”.
Torres-Dulce sugiere la posibilidad de que se actúe penalmente, aunque puntualiza que esto está aún pendiente de ese “análisis sobre la relevancia penal” de los escraches que suele convocar la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Interior ordenó identificar y detener a los participantes
Hace dos semanas, el Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, envió a las comisarías, a través de la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía, una instrucción en la que se ordenaba identificar y detener a quienes participen en actos de señalamiento a políticos o escraches.
Los jueces no ven delito
Sin embargo, las asociaciones de jueces han considerado que no hay delito en los organizadores de estos actos o de quienes participan en ellos, independientemente de la valoración que cada uno les dé, y destacan que incluso en los escraches de mayor repercusión, como el realizado ante el domicilio de la número dos del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no se produjeron detenciones.
