Rubalcaba y Rajoy en una sesión del Congreso / EFE-Archivo



El vicesecretario de estudios y programas del Partido Popular, Esteban González Pons, ha dicho, en declaraciones a ABC Punto Radio, que en el caso Bárcenas, “el PP no es cómplice de nada, es la víctima”. Los ciudadanos, en cambio, no opinan lo mismo. Según una encuesta de El País, el 79% cree que el extesorero tiene realmente pruebas que pueden comprometer a la dirección del partido.

El 65% son votantes del PP
Lo más llamativo aun es que un 65% de los propios votantes del PP está convencido de que Luis Bárcenas tiene datos comprometedores para la cúpula popular, incluido el propio presidente del partido y del Gobierno.

La gestión del caso Bárcenas por el PP
Los españoles cuestionan la actuación de los máximos dirigentes del partido en el caso Bárcenas y desaprueban especialmente a Mariano Rajoy, el más cuestionado, a la número dos del PSOE, María Dolores de Cospedal, y al vicesecretario de Organización, Carlos Florianos. Los tres han dado explicaciones contradictorias y confusas a los ciudadanos sobre la relación de la formación con el extesorero.

La mayoría cree que Bárcenas chantajea a Génova
Un 82% de los ciudadanos da por hecho que el extesorero chantajea al PP, el porcentaje entre los votantes del partido que lo piensan baja sólo al 81%. Apenas, hay diferencia.

Los ciudadanos creen que la Justicia no funciona como debiera
En la misma medida que los ciudadanos creen que el PP tiene mucho que ocultar, tienen la impresión de que se ponen palos en las ruedas a la Justicia para que investigue los casos de corrupción, como la Gürtel. El 78% considera que no se llegará hasta el final en un plazo razonable. Ven excesivas facilidades de los imputados para entorpecer las investigaciones, presiones por parte de los partidos, demasiada burocracia. Un 87% apoyaría una unidad especial de jueces que se dedique a investigar la corrupción.

Una campaña de acoso y derribo contra Garzón
Un año después de ser condenado, los ciudadanos consideran que la sentencia contra Baltasar Garzón, primer instructor de Gürtel, fue injusta y basada en motivos políticos y no jurídicos. Según el 83% de los ciudadanos, aquella sentencia era parte de una maniobra para apartarle del caso.