El escrito está firmado por Gloria Encinas, como presidenta de la Asociación y dice así: “Somos un colectivo de comunidades de base, agrupadas como “Cristianas y Cristianos de Base de Madrid” y coordinadas con otros grupos análogos en diferentes territorios del Estado, que formamos parte de la Iglesia Católica. Tras mucho tiempo de reflexión sobre la actuación de la Iglesia Católica en el seno del Estado democrático que, desde hace décadas intentamos consolidar, hemos llegado a la conclusión de que el actual marco de relaciones Iglesia-Estado colisiona frontalmente con distintos principios fundamentales recogidos en nuestra Constitución (), lesiona derechos básicos de muchos ciudadanos y traiciona la neutralidad del Estado respecto a las diferentes corrientes de pensamiento, convirtiéndolo, de facto, en un Estado Confesional”.
Acuerdos contrarios a la Constitución
Los cristianos de base de Madrid consideran que “los Acuerdos con la Santa Sede (al margen de su estructura jurídica que piensan puede ser contraria a la Constitución) mantienen casi intacto el núcleo del Concordato de 1953 (pre-democrático y nacido en el marco de la Dictadura), especialmente en los privilegios que otorgan a la Iglesia Católica en el ámbito de la Economía y de la Enseñanza, y fueron concebidos, negociados y acordados sin contar con la ciudadanía. Vieron la luz sólo unos pocos días después de la promulgación de la Constitución Española de 1978, poniendo de manifiesto la urgencia por resolver el tema antes de que las reglas del juego democrático estuvieran plenamente establecidas”.
Iglesia y bancos inmunes ante la crisis
“Tanto el Acuerdo sobre Asuntos Económicos como diferentes normas legales posteriores –continúan-, atribuyen a la Iglesia Católica unos derechos que implican subvenciones, exenciones fiscales y facultades de apropiación patrimonial, inexplicables en un Estado democrático. Por el contrario, la Iglesia, la mayor propietaria de bienes inmuebles en España, incumple su compromiso de autofinanciación, tal como reconoció en los citados Acuerdos, y continua reclamando incrementos en las subvenciones estatales que, en estos momentos, superan ya los diez mil millones de euros al año”. Añaden que la población se empobrece con la crisis, y los ajustes y recortes recaen especialmente sobre los más débiles, “mientras la Iglesia Católica es la única instancia, además del sector financiero y las grandes empresas, que se mantiene inmune ante la crisis: ningún recorte en subvenciones, las mismas exenciones fiscales que décadas atrás. En su defensa, siempre alega la labor de Cáritas (que todos reconocemos), pero oculta que la financiación de la Iglesia a esa labor no llega ni al 3% del presupuesto de Cáritas”.
La educación no es tarea de la Iglesia
Para este colectivo, solo el Estado puede propiciar la formación plena del alumno, “ya que solo él puede garantizar, de forma universal e igualitaria, una escuela pública de calidad para todos. Por ello pensamos que esta tarea no le incumbe directamente a la Iglesia, que no representa al conjunto de la población sino solo a una parte. Y, sin embargo, la Iglesia, a través de diferentes confesiones religiosas, acapara hoy más de 2/3 de los centros educativos no públicos".
Religión en los templos, no en la escuela
“Otro anacronismo difícil de entender es la presencia de la Religión en la escuela. La educación en la fe religiosa pertenece a otro lugar, y a otros protagonistas: los templos, las sinagogas, las mezquitas, etc. Si hoy pervive es porque los Acuerdos con la Santa Sede garantizan y blindan para la Iglesia ese dominio ideológico de las conciencias. Asimismo, nos parece totalmente irregular que sea el Estado el que pague a los profesores de religión y sean los obispos los que los elijan y los puedan expulsar a su conveniencia, al margen de la normativa que rige para el resto del profesorado”, añaden.
Poder de coacción moral incompatible
Los Acuerdos afirman, son también contrarios a la lógica democrática, “ya que consolidan la casi omnipresencia de la Iglesia Católica en instituciones y espacios que no son los suyos: hospitales, fuerzas armadas, ceremonias civiles. etc., sin olvidar su constante intento de injerencia en las políticas sociales así como en el desarrollo legislativo regulador de los derechos civiles, la moral pública, la investigación, etc. Un poder de coacción moral incompatible con el pluralismo ético y cultural de la sociedad española y con el ejercicio de las libertades que consagra nuestra Constitución”.
Derogar los acuerdos, respetar las libertades
Por último, las cristianas y cristianos de base de Madrid entienden que “ninguna confesión religiosa ni cosmovisión alguna puede imponer sus códigos morales al conjunto de la sociedad, y que la libertad de conciencia es anterior y superior a la libertad de las organizaciones para difundir sus propias creencias y puntos de vista”. Por esta razón reclaman del Estado un marco jurídico nuevo “que garantice el derecho de los ciudadanos a la libertad de conciencia moral, así como el compromiso por consolidar una ética pública basada en el respeto a los Derechos Humanos y a los principios y valores democráticos recogidos en la Constitución.
En conclusión, Sr. Presidente, creemos que es cada vez más urgente la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede, que deben ser derogados y sustituidos por normas acordes a un Estado democrático de derecho, es decir, con máximo respeto a las libertades civiles de los ciudadanos y bajo los principios de no discriminación y no confesionalidad del Estado”.
