Se supone que es el ministro "progre" del Gobierno y se ha descubierto como el más neocon de todos. Su propuesta de reforma de la Ley del aborto provocó no solo la indignación de la izquierda de y de los colectivos feministas, sino que los profesionales de la medicina se llevaron las manos a la cabeza. Gallardón calcó los modelos de las ultracatólicas Irlanda y Malta: para él y para el PP el aborto es delito y volverá a ser delito. Pero Alberto Ruiz-Gallardón pasará a la historia de España como el ministro de Justicia que consagró un pincipio profundamente injusto en sí mismo: la desigualdad ante la Ley, porque no todos los ciudadanos tendrán las mismas oportunidades para acceder a la Justicia. Los más desfavorecidos, los que menos tienen, ni siquiera podrán reclamar ante los tribunales.
Disparates injustificables
Dice Gallardón que con su reforma se quiere acabar con el colapso en los juzgados y que no se presenten denuncias porque sí. Pero su 'reforma', sacada adelante con el rodillo de la mayoría absoluta del PP, supone la ruptura abrupta y total con el concepto de servicio público de la Justicia que se tenía en España.
Basten algunos ejemplos para demostrar el disparate del 'Gallardonazo': para recurrir una multa de tráfico que no implique retirada de puntos y que sea inferior a cien euros, a partir de mañana habrá que pagar una tasa de 200 euros. ¿Alguien recurrirá ese tipo de multas? obviamente no y, obviamente el Gobierno se dispone a recaudar a mansalva con los multas de tráfico.
Pero hay otros ejemplos más dramáticos, si alguien sufre un accidente de tráfico en el que quede tretapléjico, para reclamar a los Tribunales una indemnización tendrá que empezar pagando ¡6.000 euros! Es decir, derechos solo para los ricos.
Por poner un recurso de casación habrá que pagar 800 euros y por ir al Tribunal Supremo 1.200. Los trabajadores que quieran ir a un juzgado de lo social tendrán que pagar 500 euros por un recurso de súplica y 750 euros por uno de casación.
El ciudadano a pagar, la administración no
La Administración General del Estado (Gobierno central), las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos, el Congreso, el Senado y los Parlamentos autonómicos, además del Ministerio Fiscal, no tendrán que pagar tasa judicial alguna por denunciar o por recurrir. El ciudadano de a pié tendrá que pagar cada vez que pise un juzgado. Más poder a los más poderosos, es la filosofia del 'Gallardonazo'.
Abogados, fiscales y jueces en contra
En medio de una crisis tan brutal, con paro desbocado y rebaja de salarios ¿se podrá permitir un despedido recurrir a los tribunales? Entre la reforma laboral y la judicial no. Te vas a la calle con lo que te den y te callas. Es tal la injusticia de la Ley de Gallardón que asociaciones de jueces, fiscales y abogados están en contra.
Y es que además la Ley recorta los derechos de los profesionales de la Justicia: la actuación de jueces sustitutos será excepcional, al igual que la de los magistrados suplentes, con lo que los titulares tendrán más carga de trabajo. Además reduce los permisos de los jueces y debilita su órgano de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial.
Recurso de inconstitucionalidad
El Partido Socialista ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de tasas judiciales, pero hoy en el Boletín Ofricial del Estado que publica la Ley, el Gobierno dice que la Constitución "expresamente reconoce la viabilidad de un modelo en el que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se benfician de ella". Además del PSOE todos los partidos políticos progresistas del Parlamento se oponen.
