En un comunicado, la asociación de jueces explica que comparte las razones de los sindicatos para convocar la huelga general y anuncia que asumirán la "autorregulación" de la carga de trabajo establecida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la negativa de este órgano de regular los servicios mínimos.
Un ataque sin precedentes al Estado social
Jueces para la Democracia entiende que se está produciendo un "inaceptable desmantelamiento" del Estado social y un "ataque sin precedentes" contra el sector público, que está dando lugar a "intensos" recortes de las prestaciones sociales y de los servicios más importantes para la ciudadanía".
Restricciones de los derechos democráticos
Los jueces progresistas consideran que, "al mismo tiempo, se están produciendo las mayores restricciones en los derechos fundamentales de toda la etapa democrática", y añaden que los efectos de una reforma laboral "injusta y de dudosa constitucionalidad" han provocado unos niveles de desempleo inaceptables e "importantes desequilibrios" en las relaciones laborales. El resultado, advierte esta asociación, ha sido el aumento "sin precedentes" de las desigualdades, con un incremento "considerable" de la exclusión social.
La injusta amnistía fiscal
"Los sacrificios que se exigen a la mayoría de la población no se extienden a los sectores más privilegiados, pues las grandes empresas, las entidades bancarias y las grandes fortunas siguen sin realizar las correspondientes aportaciones tributarias en términos similares a otros países de nuestro entorno. Al contrario, este trato de favor se completa con la aprobación de una amnistía fiscal", señala el comunicado, que subraya que esta situación resulta contrario a los principios de capacidad económica y de progresividad en la aportación a las arcas públicas regulados en la Constitución, así como al principio de redistribución de la renta.
Los recortes en Justicia
Jueces para la Democracia destaca que los "continuos" recortes de los servicios públicos han repercutido de forma "considerable" en la Administración de Justicia, que está "en gran parte al borde del colapso" y cuenta con una de las tasas más bajas de jueces por habitante en el ámbito europeo y uno de los más elevados índices de litigiosidad. Ante ello, critica la reducción del presupuesto para el próximo ejercicio y de la intención de suprimir la mayor parte de la partida destinada a jueces sustitutos. La "imposibilidad" de que los jueces titulares asuman esa carga de trabajo provocará "mayores disfunciones y demoras", con el consiguiente perjuicio para el ciudadano, que verán afectado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Jueces para la Democracia denuncia también la implantación de las tasas judiciales porque causará graves desigualdades procesales por razones económicas y permitirá que solo tengan acceso a la Justicia quienes puedan pagársela, según concluye.
