Economía

El Gobierno obligará a los funcionarios a jubilarse a los 65 años para ahorrar nóminas

Forzará la salida de 22.000 empleados públicos en 5 años

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Jue, 19 Jul 2012

Mientras el Gobierno quiere retrasar la jubilación en las empresas privadas para  que la Seguridad Social no entre en quiebra, ahora obliga a que los funcionarios del Estado es decir, de todas las administraciones, tengan que jubilarse obligatoriamente a los 65 años. No basta con no convocar oposiciones, ni siquiera para cubrir vacantes, el Gobierno quiere adelgazar la estructura pública "como sea" y ha derogado la Ley que permitía a los funcionarios jubilarse voluntariamente a los 70. El único objetivo es reducir personal  y los cálculos señalan que con esta modificación en 5 años habrá 22.000 empleados públicos menos trabajando.

Contradice la reforma laboral del PP
El mayor recorte social de la Democracia está plasmado en el Real Decreteto-Ley publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado y se llama "para la estabilidad presupuestaria y de fomento de la estabilidad". En su artículo 11 trata  de la "jubilación forzosa del personal funcionario incluído en el Régimen General de la Seguridad Social" y por tanto afecta a 2.400.000 funcionarios del Gobierno central, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Cabildos y Ayuntamientos. Catedráticos, profesores, médicos o investigadores son los más afectados.

En la reforma laboral aprobada por el PP se modificó el Estatuto de los Trabajadores para prohibir a empresarios y sindicatos pactar en los convenios que los empleados tengan que jubilarse obligatoriamente al cumplir los 65 años. A partir del 1 de enero del año que viene, los trabajadores del sector privado se jubilarán de acuerdo con los cálculos transitorios hasta los 67 años, edad a la que tendrán que jubilarse todos los trabajadores a partir de 2.027. Es decir, el Gobierno prohibe en el sector privado lo que se consiente a sí mismo en el sector público. La discriminación es evidente y si alguien decide recurrir al Tribunal Constitucional el Gobierno de Rajoy puede quedar en ridículo.

Para muchos ciudadanos que los funcionarios se tengan que jubilar obligatoriamente a los 65 años es "un privilegio" respecto a los trabajadores del sector privado que tendrán que trabajar dos años más, pero para aun importante colectivo de funcionarios, especialmente los del esclafón más alto, es quitarles un derecho que les permite mantener unos ingresos más elevados que la pensión que percibirían (médicos o catedráticos por ejemplo).

Lo curioso es que el Estado ahorraría nóminas, pero incrementaríael gasto de la Seguridad Social en pensiones, por tanto ¿dónde está el ahorro?