El número dos de Aguirre no solo habría aprovechado su buen contacto con la empresa Martinsa para cerrar un ventajoso negocio que le habría propiciado, presuntamente, un lujoso ático de 495 metros cuadrados en una exclusiva urbanización marbellí, en pago de una comisión por favorecer a la citada firma en la venta de una parcela municipal en Arganda del Rey, según las investigaciones policiales llevadas a cabo hasta el momento. La Policía ve, además, indicios de blanqueo de capitales en esa operación.

La compra no fue comunicada al Banco de España
El Mundo publica hoy que la compra de la vivienda no fue comunicada al Banco de España, como está indicado cuando hay tráfico de divisas, teniendo en cuenta que el ático habría sido adquirido presuntamente por la empresa Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware. Según la investigación, esta firma habría actuado como tapadera de González.

No se reportó a Prevención de Blanqueo
De acuerdo con la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ), la operación tampoco habría sido reportada al Sepblac (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales), trámite que corresponde a los notarios que intervienen en la compraventa. Por otra parte, la operación no se habría elevado a escritura pública por lo que continúa constando en el Registro de la Propiedad a nombre del promotor, Javier Villate Pérez.

Un alquiler de 2.000 euros
Ignacio González ha negado que él sea el propietario de la vivienda e insiste en que la mantiene alquilada. “Pago 2.000 euros cada mes” alegó el número dos de Aguirre, que recibe un sueldo mensual de 5.500 netos.

La acusación del ministro contra la Policía
Antes que Cosidó, el titular del Interior, Jorge Fernández Díaz, echó un capote a González, en abril pasado, al afirmar que la investigación sobre González se había realizado de manera ilegal, durante el Gobierno socialista. Según dijo el ministro, la Dirección General de la Policía abrió un expediente informativo y de las investigaciones que se han efectuado hasta este momento se desprende claramente que a finales del mes de julio de 2011 y oficializado en fecha 4 de agosto de 2011 se ordenó al margen de los registros y protocolos de intervención establecidos en la DGP una investigación sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y que no habiendo comprobado la existencia de ningún indicio de delito, se dio por cerrada esa información”.

La denuncia del SUP ante la Fiscalía
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) negó que la investigación hubiera sido irregular y plantó cara al ministro, al pedir a la Fiscalía Anticorrupción una investigación sobre el ático marbellí, que el Ministerio Público ha admitido.