El pago de una comisión por la empresa Martinsa
De acuerdo con las investigaciones policiales anteriores, iniciadas en el verano de 2011, el número dos de Aguirre en la Comunidad de Madrid disfruta durante todo el año de un dúplex de 495 metros cuadrados en la urbanización Guadalmina, en Marbella, que aparece en propiedad de la empresa Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware. Pero las primeras conclusiones apuntaron a que González es en realidad el propietario del inmueble, valorado en 1,2 millones de euros, y se trataría del pago de una comisión por la venta de unos terrenos municipales en Arganda del Rey, a un bajo coste, para beneficiar a la empresa Martinsa.
Los policías temen represalias por parte de Interior
La Policía enfrenta la investigación sobre el número dos de Aguirre con temor, ya que las pesquisas anteriores se cobraron el puesto del excomisario de Marbella Hermes de Dios, a quien no le valió alegar que no hacía más que cumplir órdenes desde arriba.
El ministro declaró ilegales las investigaciones
En abril, el mismísimo titular del Interior, Jorge Fernández Díaz, echó un capote al vicepresidente madrileño al afirmar que la investigación realizada hasta entonces, durante la última etapa del Gobierno socialista, sobre el dudoso ático había sido “ilegal”.
El ministro negó que hubiera constancia de investigación alguna judicial o policial "regular", aunque agregó que "a finales del mes de julio y principios del mes de agosto" de 2011 González fue "investigado irregularmente al margen de los protocolos establecidos".
Según precisó, se ordenó a una autoridad policial que investigara de manera discreta al vicepresidente madrileño, pero a finales de ese año se cerraron las pesquisas "sin ningún indicio de delito".
La respuesta del sindicato de policías
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) salió al paso de las acusaciones del ministro y negó que la investigación abierta sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid fuera "ilegal". En un comunicado, el sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía reconoció que la investigación sobre González no estaba judicializada, pero no por ello fue ilegal.
El SUP presentó entonces una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que insistió en que ha habido "una operación de movimiento de dinero de dudoso origen" en la compraventa del inmueble”.
