El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con la inestimable ayuda de la Fiscalía, ha decidido blindarle ante las querellas que se han presentado por su actuación irregular y supuestamente delictiva; pero no ha conseguido la deseada unanimidad, y se han escuchado cuatro voces discrepantes de mucho peso y con argumentos que esperamos conocer con sus votos particulares.  Y es que empeñarse en negar la evidencia, y conceder un trato de favor a un personaje público por ser quién es, transmite una imagen muy poco creíble de la  justicia, y degrada nuestro sistema  democrático.

Si Montesquieu levantase la cabeza  se avergonzaría de comprobar cómo se ha liquidado la división de los tres poderes del Estado, al confabularse para encubrir sus vergüenzas hasta límites escandalosos que traspasan nuestras fronteras, dando la imagen de una España sin valores, sin decencia, en la que la mentira, el engaño y la corrupción forman parte del quehacer diario de nuestras instituciones. Rajoy -poder ejecutivo- utiliza la Fiscalía para que se archiven las querellas, la mayoría absoluta del PP en el Congreso -poder legislativo- impide la inmediata comparecencia de Dívar para dar explicaciones, y los representantes de los conservadores en el CGPJ -poder judicial- votan en contra de la dimisión de Dívar. Consecuencia: el encubrimiento del PP en las andanzas de este patético personaje traspasa la inmoralidad.

El Fiscal del Supremo, para solicitar el archivo de las querellas presentadas, mantiene que no es posible calificar los hechos denunciados como constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, al no existir ánimo de  lucro. Este argumento es indefendible, y se cae por su propio peso cuando a su autor se le supone un exhaustivo conocimiento del Código Penal,  y sabe que uno se lucra cuando paga algo con dinero ajeno -en esta ocasión de  todos- a sabiendas de que lo es; y no nos diga que es que tenía hambre y no llevaba su cartera encima, o que su sueldo no le permitía hacer frente a sus excesos.

Recientemente asistimos perplejos a la persecución por parte del Tribunal Supremo del Juez Garzón con el único objetivo de expulsarle de la carrera judicial por haber tenido la osadía de investigar la corrupción del PP a través del llamado caso Gürtel, del que parece casi nadie ac0rdarse ya, una vez que el principal responsable, que fue testigo en la boda de la hija de Aznar, ya está en libertad. Se inventaron tres causas para perseguirle, y consiguieron su propósito. Y precisamente ahora que la causa es real y cierta, parecen confabularse para impedir que su presidente sea juzgado. La justicia al revés, que desvirtúa una vez más las palabras de Don Juan Carlos cuando afirmó que la justicia es igual para todos; puede que quisiese decir que era igual para todos los miembros de la Familia Real, que gozan de plena impunidad de hecho o de derecho, y le entendimos mal.

Y recordando a Garzón. ¿Se lo imaginan instruyendo una causa contra los responsables de Bankia?; con lo que se sabe más de uno ya estaría en la cárcel en estos momentos. Pero con la marcha  forzosa del juez estrella se ha acabado una época en la que nuestra justicia había adquirido una buena reputación internacional, ahora cuestionada a nivel mundial.

Por el momento solo nos queda soportar un sistema judicial en decadencia y obsoleto, en el que la política se apodera de sus decisiones, y la independencia e imparcialidad brillan por su ausencia. Se ha dicho que el  Tribunal Supremo se asemeja a un cementerio de elefantes; Majestad ¿por qué no se anima?, los españoles le estaríamos muy agradecidos y no le pediríamos que se disculpase de nuevo.

Fernando de Silva es abogado y autor del blog SInLaVeniA