El Sindicato Unificado de Policía cree que existen indicios para sostener que la vivienda situada en la urbanización Alhambra del Golf de Guadalmina (Málaga), de la que disfruta todo el año el Ignacio González, “ha sido adquirida para blanquear dinero procedente de actividades ilegales”.

Los caballos de Troya
Según El Mundo, el sindicato denuncia que en este caso, que le costó el puesto al comisario de Marbella Agapito Hermes de Dios, que llevaba a cabo la investigación, hay mandos policiales que “obedecen consignas políticas e incumplen la ley” y señala a un responsable policial que supuestamente habría pedido un trabajo fijo para su hija a cambio de “guardar en un cajón” un informe que perjudicaría al número dos de Aguirre en la Comunidad de Madrid. “Son caballos de Troya, traidores a su condición de policías, y antes o después, acabarán siendo descubiertos y tratados como lo que son: delincuentes”, afirma el SUP.

La Policía investigó el supuesto chantaje
La Policía Nacional puso en marcha una investigación en el marco del caso Gürtel para determinar el origen del dinero empleado supuestamente para comprar el ático de lujo. Según su información, la vivienda sería un soborno a González por autorizar la venta a precio de coste de unas parcelas públicas en Arganda del Rey al empresario Fernando Martín.

Fernández Díaz acusó a la Policía
El pasado 10 de abril, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, acusó a la Policía, en el pleno del Senado, de someter a Ignacio González a una investigación ilegal durante el anterior Gobierno socialista.

Fernández Díaz dijo que “a finales del mes de julio y principios del mes de agosto” González fue “investigado irregularmente al margen de los protocolos establecidos”, que “a una autoridad policial se le ordenó que investigara de manera discreta” a González en relación con el uso de un ático de lujo en Málaga y que esa investigación se cerró a principios de este año “sin ningún indicio de delito”. Lo que contradice la denuncia presentada por el SUP.

El SUP lo negó
El SUP negó que se hubierse actuado de manera irregular y aclaró que es una "práctica habitual" cuando llega determinada información de una fuente digna de crédito sobre la posible comisión de un delito y que no afecta a derechos fundamentales como interceptar comunicaciones o datos bancarios.