Se acaban de dar a conocer las conclusiones extraídas del encuentro Diálogos en La Granja que tuvo lugar recientemente y en el que una docena de expertos se reunieron para debatir sobre las llamadas “smart cities” frente a la “smart life”. Académicos, representantes de la Administración Pública, los ciudadanos y los servicios expusieron diferentes posturas sobre tres bloques fundamentales: la forma de nuestras ciudades, la gestión de los servicios y la ciudadanía y convivencia, todos ellos influidos por las nuevas tecnologías de la información, cuyo potencial en los tres ámbitos quedó fuera de toda duda. Todos coincidieron en que las tecnologías de la información (TIC) son básicas para configurar nuestras ciudades, favorecer la sostenibilidad de su gestión y sobre todo mejorar la participación ciudadana.

Sobre el papel del ciudadano, los expertos coincidieron en que él es el mejor sensor que tenemos a la hora de conocer los problemas, conflictos y necesidades de la ciudad. Sin embargo, es un hecho que el ciudadano vive de espaldas a la ciudad que habita. “Las soluciones parecen pasar por informar, comunicar, divulgar, sensibilizar y comprometer más al ciudadano con su territorio. Sólo de esta manera, se puede recuperar la confianza perdida en las administraciones y gestores de la ciudad y se pueden sentar las bases para un diseño colaborativo del modelo de ciudad, o de barrio, más eficiente y habitable” afirmó Paz Ugarte, directora de Diálogos en La Granja.

Las TIC resultan clave para propiciar cambios de conducta hacia pautas más sostenibles. El principal reto consiste en facilitar el acceso a la información. Buscar que el ciudadano conozca la realidad en la que vive, los recursos de que dispone, su coste o el valor de los servicios que recibe, es la condición necesaria para que haga suya la ciudad o el barrio donde habita. Hacer participes a los ciudadanos en los procesos de decisión, buscando el compromiso de todas las partes, abre sin duda nuevas oportunidades que enriquecerán la gobernanza de la ciudad. Es necesario también que este flujo reciproco de información y conocimiento se sustente en el principio de confianza que debe presidir la relación entre la Administración, el sector privado y los ciudadanos.