Referencia Farragosa
La referencia oficial del Consejo de Ministros de este último viernes señalaba que para realizar estos pagos de facturas, “el Ministerio de Economía y Competitividad creará el Fondo para la Financiación de las Administraciones Territoriales, que será el encargado de canalizar el préstamo sindicado hacia los Ayuntamientos. El préstamo tendrá una duración de cinco años con dos de carencia, durante los cuales las Entidades Locales solo pagan los intereses. Sin embargo, el plazo de que disponen los Ayuntamientos para devolverlo será de diez años, con dos de carencia, mediante un mecanismo de refinanciación que realizará el Fondo para la financiación”. Se trata, según el texto, de un crédito de hasta 35.000 millones en el que participarán la mayoría de los bancos españoles.
¿Qué sacan a cambio?
Según consta en la referencia del Consejo, “el coste del crédito será el equivalente al de otras operaciones avaladas por el Estado, con un recargo máximo de 115 puntos básicos sobre Tesoro. En la actualidad, el interés rondaría el 5 por 100”. Esto quiere decir que cuando entre mayo y junio, cuando esté estructurada toda la operación y los bancos pongan el dinero encima de la mesa, comenzarán a cobrar un interés del 5% por ello. Este tipo sólo bajará si lo hace el precio al que las subastas del Tesoro coloquen bonos a cinco años y subirá si en esas mismas subastas el interés pagado por el Estado es mayor del actual.
Pago constante
La fórmula de cálculo acordada con los bancos será similar a la de un crédito hipotecario, cuya referencia va cambiando de año en año y la cuantía de las letras se vuelve a calcular en determinadas fechas. En esos pagos periódicos van incluidos los intereses y una parte del principal del crédito, de forma que después de pagar cada letra se le debe algo menos a la entidad financiera. Según ha podido saber El Plural, con este procedimiento, si se llega a los 35.000 millones de préstamo, la banca ingresará durante los dos primeros años 1.750 millones de euros cada uno de los dos ejercicios, en los que ayuntamientos y comunidades autónomas no tendrán que devolver principal del crédito, ya que son dos años de carencia.
Comienzo de la amortización
A partir del tercer año comenzará la amortización. Pero como el Gobierno ha previsto que los ayuntamientos y comunidades paguen en diez años, aunque los créditos de los bancos sólo duren cinco años, los cálculos de pagos se realizarán sobre el plazo total. De lo contrario las entidades financieras cobrarían aún más de lo que ya van a ingresar y los gobiernos locales y autonómicos volverían a quedar asfixiados. Aún así, y con la fórmula pactada, cuyos detalles serán puestos por escrito en las próximas semanas, los bancos ingresarán durante los tres años siguientes 4.000 millones de euros más en intereses, que sumados a los 1.750 millones de los dos primeros años suman casi 6.000 millones de euros.
Ganancia neta
Para poder prestar esos 35.000 millones, los bancos disponen ya de préstamos a tres años del Banco Central Europeo al 1%. Eso hace que el dinero les cueste a las entidades financieras 350 millones al año en intereses, mientras que van a cobrar una media de 1.150 millones cada ejercicio. Al final, pues, habrán ganado unos 800 millones de euros por año, lo que hace que ese préstamo sindicado pactado con el Gobierno les deje un beneficio neto de unos 4.000 millones de euros, con un esfuerzo mínimo de gestión, ya que ellos darán el dinero al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores y este, a través del ICO, organizará el pago de las facturas.
Sin riesgo
Todo este entramado financiero no tiene el más mínimo riesgo para la banca. La única incertidumbre es que para 2015 los tipos oficiales del Banco Central Europeo hayan subido algo y que los precios de la deuda pública no lo hicieran en paralelo (algo muy improbable), lo que podría reducir algo sus beneficios previstos. Pero es imposible que se produzca un impago. El propio texto del decreto-ley señala que “las deudas y obligaciones que el Fondo contraiga para la captación de financiación gozarán frente a terceros de la garantía del Estado. Dicha garantía tiene el carácter de explícita, irrevocable, incondicional y directa”. Es decir, que en caso de duda, paga el Estado.
Más deuda pública
La fórmula elegida ha tenido en cuenta, según las fuentes consultadas por El Plural, que los bancos no dan créditos a más de cinco años si no son hipotecarios, aunque en este caso, contando con la garantía del Estado, podrían haberse saltado la norma porque si el precio de los pisos puede bajar, el compromiso de pago del Tesoro no cambia. De todas formas, cuando pasen cinco años, a mediados de 2017, el Estado tendrá que hacerse cargo del préstamo sindicado que hasta ese momento le habrá dado la banca. Si las condiciones del acuerdo no cambian, el Fondo estatal tendrá que emitir deuda pública por lo que quedo por amortizar, que serán unos 25.000 millones de euros. A partir de ese momento, el Tesoro se ahorrará los 115 puntos básicos que ahora cobrará la banca sobre el precio que tengan los bonos a cinco años.
No es el momento
Según señalan fuentes próximas al Gobierno, la operación no ha sido diseñada con la participación única del Estado como garante de los pagos (como se hizo en los años 80 cuando el Gobierno de Felipe González saneó las arcas de los municipios), porque este momento no es el adecuado para acudir a Bruselas a explicar un plan que se financia con 35.000 millones más de deuda pública. La cantidad no afectaría al déficit estatal, que es en lo que pone el acento la Comisión Europea, ya que podría ser deuda garantizada obtenida por el ICO, pero salir a los mercados a pedir ese dinero probablemente haría más cara la operación. Copiando con cierta libertad un diálogo muy famoso de la película Casablanca, siempre nos quedará la duda.
