Riesgo de fuga
La magistrada ha adoptado esta decisión después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción, que pidió el ingreso en la cárcel del imputado por el riesgo de fuga existente, la influencia que podría ejercer en otros imputados en la causa y la gravedad de los hechos, pues la posible pena que podría corresponderle únicamente por el delito continuado de malversación de caudales públicos podría ser de hasta 18 años de cárcel.
La jueza y la repercusión mediática
Según el auto de Alaya, existe riesgo de fuga, sobre todo teniendo en cuenta que, por la repercusión mediática del caso y por la evidente alarma social creada, Guerrero habría perdido cierto arraigo social y desde luego ha perdido su arraigo laboral, pues no ha podido reingresar a su puesto de funcionario público".
La Junta de Andalucía solicitó su encarcelamiento
Todas las acusaciones, es decir, la Junta de Andalucía, el PP, Manos Limpias y el sindicato UGT, se han adherido a la petición del Ministerio Público, que ha pedido además que Guerrero pague una fianza, en concepto de responsabilidad civil, de 933 millones de euros, mientras que todos los abogados de las defensas se han opuesto a la petición de prisión y el letrado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha defendido que no existe riesgo de fuga y que, en el momento actual, "ya no se pueden destruir documentos".
Comunicado de la Junta de Andalucía
La Junta ha valorado la decisión judicial de decretar prisión para el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, porque significa un "avance significativo en la instrucción" del caso del presunto fraude en los ERE. En un comunicado, la Junta ha confiado en la acción de la Justicia y en que "se continúe por esta línea de esclarecimiento de los hechos y de concreción de responsabilidades de los principales implicados".
