Nadie pondrá en duda de que el envío a prisión del ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, por su cada vez más demostrada implicación en el caso de los EREs falsos, es una decisión de la jueza Alaya correcta, ajustada a derecho -como no podía ser menos- y en la que confluye el consenso de la mayoría de la sociedad andaluza y del amplio espectro de las fuerzas políticas de la región.

Actitud chulesca y exculpatoria
Guerrero fue al juzgado a vengarse y a exculparse más que a declarar. Su actitud chulesca y altiva en su comparecencia judicial, plagada de chascarrillos grotescos, como el que no era cocainómano sino que le gustaba el “gin tonic de Beefeater como postre”, lejos de crear un ambiente de simpatía en el juzgado, ha irritado a la jueza, abogados y acusaciones particulares. Guerrero, si no se sabía aún, es un impresentable además de un presunto gran corrupto. Si además tiene problemas con la bebida y se sitúa en el entorno de la peligrosa “dama blanca”, es algo que de ser cierto, afectaría solamente a su ámbito privado si no fuera porque su actividad como gestor público conllevaba la de administrar ayudas públicas. Y parafraseando el dicho popular “con las cosas de comer” no se debe beber ni estar alterado.

Guerrero, principal arma política del PP
Guerrero se ha convertido paradójicamente en el principal aliado del PP en esta campaña electoral. A partir de hoy aumenta su “influencia” política y pasa a ser idea fuerza del manual de campaña pepero. El mayor enemigo electoral del PSOE andaluz, no se llama ya Javier Arenas, sino que lleva el nombre de este antiguo alcalde de El Pedroso. La cancha electoral no está en esta ocasión en el velódromo de Dos Hermanas ni en los mítines “express” de Griñán ni en la caravana electoral socialista. El cuartel de campaña se ha trasladado de domicilio ubicándose en la sede del juzgado número 6 de Sevilla. El daño colateral que esta instrucción está haciendo a la campaña socialista es como la de un misil detonando de lleno en su objetivo. Por ello no extraña que desde filas socialistas se le haya dicho de todo e incluso se le haya tildado de “putero y borracho” a Guerrero. Duele tremendamente el fuego pseudo amigo que se está infringiendo a miles de militantes socialistas, a centenares de cargos públicos autonómicos y a los dirigentes del PSOE-A, ajenos a esta corruptela y que en su inmensisíma mayoría son honrados y honestos. “Esto no es el PSOE andaluz, ni mucho menos esto representa a un hombre íntegro como José Antonio Griñán: esto es el fruto de cuatro chorizos”, vienen a decir desde la dirección regional.

Casualidades y coincidencias en la hoja de ruta de la instrucción
No se pone en duda la correcta instrucción de la jueza Alaya. No dudan de que su obligación y principios jurídicos iluminan sus acciones. Pero sí se cuestiona el calendario aplicado en un caso que lleva dirigiendo más de un año. Coincidencia o casualidades que han determinado que en cada momento electoral (elecciones municipales y autonómicas, generales y ahora, andaluzas) la instrucción subiera a momentos álgidos con acciones de gran impacto mediático. Nadie se explica como una norma no escrita -pero sí tácita- como la de que en periodos electorales decisiones judiciales de gran proyección políticomediática se aplazaran hasta la finalización de las campañas, no solo no se aplicado ahora en Andalucía, sino que se anticipara, a manera de un planning electoral, desde el propio juzgado.

Un calendario judicial electoralmente inoportuno
Ya hace días que se había adelantado que pocos días antes del inicio de campaña se estrenaría con la comparecencia del chófer de Guerrero y que recién comenzada lo haría el propio ex director general. Todo un calendario inoportuno que queramos o no, beneficia enormemente los intereses políticos del PP y daña muchísimo a los socialistas y que ha culminado hoy, a mayor gloria del PP, con el auto de prisión. Fotografías, titulares, crónicas y vídeos por doquier que dejan sin interés mítines, cartelería o spots publicitarios. ¿Ello se podría haber evitado atrasando las comparecencias y el ingreso en prisión al partir del día 26 y así evitar de paso especulaciones y suspicacias? Objetivamente, si.

Susana Díaz: “Guerrero debería haber ingresado en prisión hace ya más tiempo"
Es reseñable que la secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, ha opinado hoy que Francisco Javier Guerrero, lleva imputado un año por lo que debería haber ingresado en prisión hace ya más tiempo". Por este motivo ha pedido a la Justicia "mayor celeridad" para que "en este tipo de casos los ciudadanos no tarden tanto en ver una respuesta". También en entrevista la semana pasada a ELPLURAL.COM, el portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, se refería a la instrucción de la jueza Alaya alertando de que le preocupaban mucho algunas coincidencias con la campaña electoral. Jiménez afirmó que “Se tendría que haber sido más cuidadoso con el calendario. para no interferir en la campaña y no alterar su normal desarrollo. Hay algunos aspectos que no están bien como que se vean justamente ahora asuntos de la instrucción que llevan mucho tiempo abiertos. Ello podría incidir en alejar del foco de la población la propia campaña electoral”.

Mazazo a la campaña socialista
En el PP cunde hoy la satisfacción. En el PSOE-A tal vez el desánimo tras haber elevado recientemente la moral de victoria con la encuesta del CIS. Y es que desde la calle San Vicente -sede regional socialista-, no se entiende como se actúa así cuando la Junta de Andalucía ha colaborado en este caso con la justicia. Ha enviado documentación solicitada, ha aportado pruebas de hechos ilícitos que se habían producido, ha expulsado a los imputados, se ha personado en el caso como acusación particular e incluso anoche solicitó el encarcelamiento de Guerrero. ¿Qué más puede hacer la Junta o los socialistas andaluces para demostrar que nos hallamos ante un caso individualizado y no ante una trama política de corrupción como la acaecida en otras latitudes políticas?

Griñán se queja
Griñán, tal vez amargamente, ha recordado esta mañana en Málaga que la Junta, como parte acusadora, ya pidió a la juez Mercedes Alaya hace tiempo que declarara el exdirector general y que ingresara en prisión, de manera que lo que se ha producido finalmente es lo que viene pidiendo la administración andaluza, que son medidas cautelares en el caso de este exalto cargo. Como detalle vale destacar que los abogados de la acusación particular representada por la Junta de Andalucía, se han quejado de la negativa reiterada de Guerrero a contestar a las preguntas y acusaciones por ellos formulada. Y otra queja clara ha sido la de las enormes filtraciones a determinados medios de prensa de todo lo que sucedía en la comparecencia del ex director general.

Camps, el modelo de Arenas
En todo caso hay un hecho que es incontestable y es la actitud y voluntad socialista en esclarecer el caso y llegar hasta el fondo de lo ocurrido. Algo que contrasta con los pasos seguidos en casos de corrupción que afectaban al PP. Aquí no se han recusado jueces -mucho menos se le ha llevado al banquillo-. No se han puesto piedras en las instrucciones ni se ha atacado de manera directa y clara al juez de turno. No se ha hablado de politización de la justicia. Como rápidamente ha replicado Griñán al PP, “hemos pedido la prisión mientras otros que tienen un supuesto de corrupción lo ocultan y ponen incluso como modélico el comportamiento de quienes han tenido comportamientos ilícitos". Un dardo envenenado lanzado a Arenas quien dijo de Francisco Camps que era su modelo de gobierno a seguir.

Un futuro gobierno pendiente de un solo diputado
Posiblemente la propia jueza Alaya es consciente del efecto político de sus actuaciones en plena campaña. Por ello, y sin venir a colación, en el auto de ingreso en prisión de Guerrero de esta madrugada, introdujo un reconocimiento al impacto mediático que su decisión iba a provocar. Alaya ha intentado rebatir a quienes vinculan sus decisiones con la campaña electoral andaluza, acusaciones, afirma en el auto, que reflejan "su absoluto y total desconocimiento de los principios de justicia e independencia que rigen la función jurisdiccional". Lo grave es que no se trata de conocimientos jurídicos. Lo que se sustancia es la oportunidad y acierto en las fechas de esas actuaciones para no interferir en un proceso democrático como son unas elecciones que además se perciben como muy ajustadas. Cuesta creer que cuando se habla de que un solo diputado, arriba o abajo, puede mandar a Arenas a San Telmo o a la oposición, no se sea más sutil con las actuaciones en paralelo. La jueza, por su formación debe saber mucho de locuciones latinas. Por ello debería haber recordado al incluir esa “justificación” en el auto aquello de “excusatio non petita, accusatio manifesta”.