Torrijos, en un comunicado, consideró que este hecho "demuestra que llevábamos razón cuando desde Izquierda Unida advertimos que la salida de cuatro familiares de concejales del PP contratados en los talleres de distrito era sólo una operación de maquillaje del gobierno local destinada a intentar tapar en falso una trama de enchufismo mucho mayor, cuyas proporciones están aún por conocerse", según publica hoy el Diario de Sevilla.

"No es un hecho aislado"
El edil de IU tildó de "escandaloso y vergonzoso" que el gobierno de Zoido "siga negando la mayor y restando importancia a un asunto tan grave, como es la existencia de más de una treintena de personas vinculadas directa o indirectamente al PP, entre militantes y dirigentes de Nuevas Generaciones, familiares y allegados a concejales y miembros de sus listas electorales".

"Éste no es, ni mucho menos, un hecho aislado"
"¡No sé a qué espera el alcalde para poner en práctica de una vez las promesas que tanto realizó desde la oposición y en campaña electoral respecto del enchufismo, el nepotismo o el amiguismo!", enfatizó Torrijos, al hilo de la contratación de Alberto Galbis en el distrito Triana, añadiendo que "lo más preocupante es que éste no es, ni mucho menos, un hecho aislado sino bastante generalizado".

Galbis es un "ejemplo de la instrumentalización de una administración"
No obstante, Torrijos sí recalcó que el caso del vicesecretario de las Nuevas Generaciones en la ciudad hispalense, contratado en los talleres socioculturales dependientes del Consistorio y elegido también miembro de la Oficina del Defensor del Ciudadano, "supone el ejemplo más acabado de la instrumentalización de una administración, como el Ayuntamiento, por parte del Partido Popular".

Incompatible con el propio reglamento de la comisión
"Ahora nos enteramos que tienen incrustado en ese organismo a un dirigente de NNGG y que además cobra dietas por asistencia", indicó el representante de IU, quien entiende que esta dualidad es incompatible con el propio reglamento de la comisión, según el cual "los grupos políticos designarán como representantes a personas que no sean concejales ni estén vinculadas directamente en la acción política municipal mediante relación laboral, algo que aquí resulta evidente", ha dicho.

"Un mero ente político y electoral al servicio del PP"
Pero, sobre todo, esta situación "deja muy claro cómo la Oficina del Defensor del Ciudadano ha perdido toda su soberanía, independencia y frescura para pasar a ser un mero ente político y electoral al servicio exclusivamente del PP". "Por si quedaba alguna duda, ésta es la mejor prueba del cariz sectario y partidario que el Gobierno de la derecha ha querido imprimirle a este órgano desde que accedió a la Alcaldía", finalizó Torrijos.