El ministro de Justicia hará pública una nota
El portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco, explicó en rueda de prensa que "no es habitual" justificar los indultos tratados en Consejo de Ministros y que el titular de Justicia “va a informar en una nota" sobre este asunto.
El origen de este caso
En 1994, Banesto, que presidía Sáenz tras su intervención por el Banco de España, presentó una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a los que reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas por las empresas del grupo Harry Walker a las que representaban. El juez Luis Pascual Estevill dictó prisión preventiva para los denunciados. Esta decisión fue considerada injusta por el Supremo y el juez fue condenado por prevaricación y detención ilegal en 1996.
La causa se archivó
Los empresarios y Rafael Pérez Escolar, consejero de Banesto durante la etapa de Mario Conde, ya fallecido, presentaron una querella contra Sáenz y los otros ejecutivos relacionados con Banesto por acusaciones falsas. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio por archivada la causa al entender que las acusaciones habían prescrito.
La condena contra Sáenz en 2009 y la sentencia de 2011
En 2006 el Supremo anuló esta resolución y ordenó al TSJC que continuara con la tramitación de la causa. La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Sáenz en diciembre de 2009 a seis meses de prisión por los delitos continuado de acusación y denuncia falsa, pero le absolvió del de intento de estafa procesal. En marzo de 2011, el Supremo rebajó esa pena condenando a Sáenz a tres meses de prisión y de inhabilitación para ejercer funciones en banca por el delito de acusación falsa.
