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Trapero, su número dos Teresa Laplana, Pere Soler y y el exsecretario de Interior César Puig comparecen en la Audiencia Nacional

 La juez Carmen Lamela comunicará personalmente este lunes al mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero y a los que fueran sus jefes políticos -Pere Soler y el exsecretario de Interior César Puig, segundo del exconseller Joaquim Forn- su procesamiento por sedición y organización criminal por el 1-O.

La magistrada ha citado a las 8.30 horas a los tres, así como a la intendente de los Mossos d'Esquadra Teresa Laplana -procesada solo por sedición por el asedio en la Consellería de Economía el 20 de septiembre-, para recibirles declaración indagatoria y que pueden manifestar, si lo desean, su postura ante el procesamiento.

En esta comparecencia, la acusación puede instar la celebración de una vistilla para la adopción de medidas cautelares, si bien la Fiscalía -única acusación en esta causa- no tiene en principio intención de pedir el ingreso en prisión provisional de estos procesados, han informado a Efe fuentes fiscales.

Los cuatro, que hasta ahora se han presentado ante la juez de la Audiencia Nacional cuando han sido citados -Trapero en hasta tres ocasiones-, cuentan ya con medidas cautelares consistentes en comparecencias quincenales, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte; menos gravosas que la prisión o las fianzas que en algún caso ha pedido sin éxito la Fiscalía en instrucción.

Este trámite en el juzgado de Lamela coincide con el que poco después tendrá lugar en el Tribunal Supremo, dónde el juez Pablo Llarena empezará este lunes a notificar el auto de procesamiento por rebelión a los principales actores del "procés", a excepción de los huidos.

La diferencia en la tipificación penal de los hechos, que en la Audiencia Nacional han sido calificados de sedición y organización criminal y en el Supremo de rebelión, malversación y desobediencia, ha llevado a la defensa de Pere Soler a cuestionar la existencia de una red criminal para obtener la independencia como sostiene Lamela.

En su recurso contra el procesamiento, al que ha tenido acceso Efe, Soler recuerda que Llarena rechazó ampliar la causa del Supremo a Trapero y al resto de investigados en la Audiencia Nacional, al no apreciar conexión con los hechos, lo que, a su juicio, demostraría que no existe ninguna red criminal, pues ni siquiera Puigdemont, al que Lamela atribuye el liderazgo, está procesado por ese delito.

El exdirector de los Mossos d'Esquadra se desvincula también del delito de sedición, ya que, según él, es la Jefatura de Mossos -que entonces ostentaba Trapero- la que debía adoptar decisiones sobre el operativo del 1-O y no él.

Sin embargo, la juez cree que la excúpula de la Policía autonómica, liderada por Soler y Trapero, bajo el mandato del exconseller Forn y su segundo César Puig, condujo a "sus subordinados a una dejación auténtica de funciones" el 1-O, simulando un dispositivo "engañoso y fraudulento" que facilitó la votación del referéndum ilegal.

Día intenso en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo

Día intenso en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Si Carmen Lamela comunica a estas horas a Trapero, Pere Soler, el exsecretario de Interior César Puig, y la intendente de los Mossos d'Esquadra Teresa Laplana su procesamiento por sedición, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha citado a las 10:00 horas alexvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el candidato a presidirla, Jordi Sánchez, para entregarles sus autos de procesamiento por rebelión y otros delitos, lo que se conoce como fase indagatoria. Lo hará pocos días después de negar el permiso a Sànchez para acudir al debate de investidura que iba a celebrarse el viernes.

El president de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, también será conducido a esa hora ante el juez con la misma finalidad.

Así dará comienzo la llamada fase indagatoria en un sumario ordinario, que consiste en que se comunique a los encausados sus autos de procesamiento y tengan la oportunidad de manifestarse ante el magistrado acerca de los mismos.

Además, empieza este lunes en la Audiencia Nacional el polémico juicio por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra). La Fiscalía pide para los 8 jóvenes acusados de estos hechos entre 12 y 62 años de cárcel por un presunto delito de terrorismo.

¿Terrorismo o pelea de bar? Arranca el juicio por la agresión de Alsasua a dos guardias civiles

El juicio por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) empieza este lunes en la Audiencia Nacional envuelto en polémica por la acusación de terrorismo que pesa sobre los 8 jóvenes acusados de estos hechos y para quienes el fiscal pide entre 12 y 62 años de cárcel. Este sábado, a dos días del juicio, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona respaldaban en la capital foral a los acusados con una manifestación de protesta a la que acudieron 38.000 personas, según la Policía Municipal, y más de 50.000, según la organización.

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Los familiares de los acusados, que encabezaban la manifestación con una pancarta con el lema "Justicia. No es terrorismo", aseguran que no piden impunidad sino que exigen Justicia ante "la exageración, la distorsión y la desproporción", ya que consideran que lo ocurrido debía haberse tratado como una pelea de bar y no como terrorismo.

En la polémica por esta imputación ha intervenido también Amnistía Internacional, que entiende que la Fiscalía debe retirar su acusación porque lo ocurrido no puede ser calificado de terrorismo y por tanto no sería competencia de la Audiencia Nacional.

El caso contra los agresores de Alsasua, que fue denunciado por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), correspondió a la Audiencia Nacional por decisión del Tribunal Supremo después de que la Audiencia de Navarra, que no veía delito terrorismo, planteara una cuestión de competencia ante el alto tribunal.

La Fiscalía encuadra la actuación de los acusados, vinculados al colectivo "Ospa!" (fuera), en las campañas Alde Hemendik (Fuera de aquí), creadas por el entorno de ETA y que buscan la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra, "influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social".

Los siete principales acusados son Ohian Arnanz, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda (los tres en prisión provisional), Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad.

Todos ellos se enfrentan a una petición fiscal de 50 años de cárcel por cuatro delitos de lesiones terroristas (12 años y medio por cada uno) y a Ohian Arnanz se le atribuye además un delito de amenazas terroristas, lo que eleva la petición contra él hasta los 62 años y 6 meses de prisión.

Está previsto que los acusados comiencen a declarar este lunes y que el martes testifiquen los guardias y sus parejas, que estarán asistidos por la directora general de apoyo a víctimas del terrorismo, Sonia Ramos, y la asistente social del Ministerio del Interior que les ha atendido desde que se produjo la agresión, el 15 de octubre de 2016.

Trapero y resto de comparecientes están ya ante al juez Lamela

El exmayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, el exdirector y la intendente de los Mossos Pere Soler y Teresa Laplana respectivamente, además del el exsecretario de Interior César Puig, comparecen ante la juez Lamela, que les comunicará su procesamiento por sedición. Todos ellos están en libertad con medidas cautelares con comparecencias quincenales, prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte. No está previsto que la Fiscalía pida cárcel para ellos.

Trapero ya está fuera de la Audiencia Nacional con su procesamiento en la mano

La comparecencia del exmayor de los Mossos ante la juez de la Audiencia Nacional ha sido rápida. Josep Lluís Trapero ya ha salido del tribunal después de que la juez Carmen Lamela le haya comunicado su procesamiento por sedición. La fiscalía no ha reclamado, como estaba previsto, prisión cautelar. Junto a Trapero han comparecido tambien el exdirector de los Mossos Pere Soler, la ibntendete Teresa Laplana y el exsecretario de Interior César Puig.

Así dejado la Audiencia Nacional Trapero

Trapero ha comparecido ante Lamela apenas 5 minutos

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El mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, a su llegada hoy a la Audiencia Nacional, donde la jueza Carmen Lamela le ha comunicado personalmente su procesamiento por sedición y organización criminal por el 1-O. EFE

El juicio de Alsasua arranca envuelto en polémica por la acusación de terrorismo

El juicio por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) empieza este lunes en la Audiencia Nacional envuelto en polémica por la acusación de terrorismo que pesa sobre los 8 jóvenes acusados de estos hechos y para quienes el fiscal pide entre 12 y 62 años de cárcel.

Este sábado, a dos días del juicio, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona respaldaban en la capital foral a los acusados con una manifestación de protesta a la que acudieron 38.000 personas, según la Policía Municipal, y más de 50.000, según la organización.

Los familiares de los acusados, que encabezaban la manifestación con una pancarta con el lema "Justicia. No es terrorismo", aseguran que no piden impunidad sino que exigen Justicia ante "la exageración, la distorsión y la desproporción", ya que consideran que lo ocurrido debía haberse tratado como una pelea de bar y no como terrorismo.

El caso contra los agresores de Alsasua, que fue denunciado por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), correspondió a la Audiencia Nacional por decisión del Tribunal Supremo después de que la Audiencia de Navarra, que no veía delito terrorismo, planteara una cuestión de competencia ante el alto tribunal.

La Fiscalía encuadra la actuación de los acusados, vinculados al colectivo "Ospa!" (fuera), en las campañas Alde Hemendik (Fuera de aquí), creadas por el entorno de ETA y que buscan la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra, "influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social".

Amnistía Internacional pide no acusar a los agresores de Alsasua por terrorismo

En la polémica por esta imputación ha intervenido también Amnistía Internacional, que entiende que la Fiscalía debe retirar su acusación porque lo ocurrido no puede ser calificado de terrorismo y por tanto no sería competencia de la Audiencia Nacional.

Los siete principales acusados son Ohian Arnanz, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda (los tres en prisión provisional), Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad.

Todos ellos se enfrentan a una petición fiscal de 50 años de cárcel por cuatro delitos de lesiones terroristas (12 años y medio por cada uno) y a Ohian Arnanz se le atribuye además un delito de amenazas terroristas, lo que eleva la petición contra él hasta los 62 años y 6 meses de prisión.

Está previsto que los acusados comiencen a declarar este lunes y que el martes testifiquen los guardias y sus parejas, que estarán asistidos por la directora general de apoyo a víctimas del terrorismo, Sonia Ramos, y la asistente social del Ministerio del Interior que les ha atendido desde que se produjo la agresión, el 15 de octubre de 2016.

Los acusados llegan a la Audiencia Nacional

Ohian Arnanz, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda (los tres en prisión provisional), Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad, los acusados, acaban de llegar a la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares.

Familiares y amigos animan a los acusados de Alsasua a su llegada a la Audiencia

Un nutrido grupo de familiares y amigos han dado ánimo a los ocho acusados de agredir en octubre de 2016 en un bar de Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles y a sus parejas, a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional donde van a ser juzgados a partir de este lunes.

Desde primera hora de la mañana han ido llegando a la sede del tribunal en San Fernando de Henares (Madrid) personas procedentes de Navarra para arropar a los acusados, entre ellos el vicepresidente del Parlamento Foral, Unai Uhalde, de Geroa Bai, y la diputada de EH Bildu Bakartxo Ruiz.

Tres de los acusados, Ohian Arnanz, Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda, han entrado a la sede judicial en furgón policial al estar en prisión provisional y los otros cinco han sido aplaudidos y animados a medida que entraban en la Audiencia, que ha señalado el comienzo del juicio para las diez de la mañana.

Los acusados se enfrentan a penas de entre 12 y 62 años de prisión por delitos de lesiones y amenazas terroristas.

Uno de los acusados de Alsasua dice que se enfadó con los agentes porque le pusieron cuatro multas

Jokin Unamuno, uno de los ocho acusados de la agresión de Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles, ha afirmado hoy ante el tribunal que le juzga por terrorismo que cuando entró en el bar donde ocurrieron los hechos se enfadó con los agentes porque le habían puesto cuatro multas.

"Le dije que menuda jeta que tenían porque se dedicaban a crujir a multas a los jóvenes del pueblo y que luego acudían a los bares", ha dicho Unamuno, que está en prisión provisional y se enfrenta a una petición fiscal de 50 años de cárcel.

"Yo no golpeé a nadie", ha seguido declarando Unamuno, que solo ha accedido a responder a su abogada, para negar que la discusión que tuvo dentro del bar con los agentes fuera violenta.

Urkullu cree que es "excesivo" juzgar por terrorismo a los agresores de Alsasua

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado este lunes un "exceso" la calificación de las penas del juicio que comienza hoy en la Audiencia Nacional contra ocho jóvenes de Alsasua (Navarra), a los que se les acusa de terrorismo por agredir a dos guardias civiles y a sus parejas.

Por estos hechos el fiscal pide para ellos penas que van de los 12 a los 62 años de cárcel.
El lehendakari ha hablado hoy sobre este asunto, a preguntas de los periodistas, en una comparecencia de prensa tras la firma de un acuerdo sobre el empleo con Confebask.
Urkullu ha hecho hincapié en la "controversia" que ha generado esta causa y ha defendido que los hechos por los que se les juzgan "no se corresponden con la tipificación" del delito de terrorismo, por lo que ha opinado que tanto las penas como la tipificación son un "exceso".

"Espero justicia basada en la proporcionalidad y en la racionalidad", ha defendido el lehendakari, quien ha subrayado que una "mayoría de la sociedad navarra" tampoco ve proporcionadas las penas.

Junqueras dice al juez que convocar un referéndum no es delito

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha defendido este lunes ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que convocar un referéndum no es delito y que no se ha dedicado un solo euro de dinero público al proceso independentista.

Según fuentes de la acusación popular que ejerce Vox, Junqueras solo ha respondido a las preguntas de su letrado durante la vista indagatoria que se ha celebrado esta mañana en el al alto tribunal para comunicarle su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.

El exvicepresidente, que ha declarado unos 40 minutos, ha manifestado que convocar un referéndum no es delito y que no se ha dedicado un solo euro de las arcas públicas al proceso independentista, según explican las fuentes.

Junqueras, que permanece en prisión madrileña de Estremera desde el pasado 2 de noviembre, ha señalado también que cree en la dignidad humana, en el pacifismo y en la convivencia.

Tras él ha comparecido durante apenas veinte minutos el candidato a presidir la Generalitat, Jordi Sànchez, y ahora es el turno del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quienes ayer cumplieron seis meses en prisión provisional.

Con Junqueras ha dado comienzo hoy la llamada fase indagatoria en un sumario ordinario, que consiste en que se comunique a los encausados sus autos de procesamiento y tengan la oportunidad de manifestarse ante el magistrado acerca de los mismos.
De este modo, los 25 procesados en este caso por Llarena van a ir compareciendo ante el magistrado en los próximos días para que tenga lugar un trámite con cada uno de ellos al que podrán acudir todas las partes personadas en el sumario.

Los pensionistas se movilizan en Madrid y Bilbao sin partidos y sin sindicatos

[[{"fid":"81408","view_mode":"ancho_total","fields":{},"type":"media","attributes":{"class":"img-responsive media-element file-ancho-total"}}]]La Coordinadora Estatal por la Defensa de las Pensiones Públicas ha convocado sus propias manifestaciones, tras las realizadas esta fin de semana por los sindicatos. Los pensionistas rechazan ser usados por partidos y sindicatos y reclaman que las pensiones se actualicen con el IPC. 

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