La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en marcha este miércoles a primera hora un dispositivo vinculado a una investigación en la cual se ahonda en la figura de Leire Díez y los contratos de la SEPI. Así, esta sección del cuerpo de seguridad acudía a Ferraz a las ocho de la mañana para requerir documentación al PSOE, no a proceder directamente a un registro, aunque sí estando autorizada para efectuar el mismo en caso de que no se diera una actitud colaborativa por parte de los socialistas. Según ha podido conocer ElPlural.com por fuentes cercanas al caso, esta investigación no aborda una posible financiación irregular del Partido Socialista.
Los agentes están registrando despachos y oficinas de la sede central del partido. Además, la Guardia Civil tiene orden de acudir para realizar el mismo requerimiento de informaicón a otros inmuebles repartidos por la geografía peninsular pertenecientes a altos cargos socialistas supuestamente relacionados con la investigación.
No es la primera vez que esta sección del cuerpo de seguridad cruza las puertas de la sede del PSOE. Los agentes de la UCO ya acudieron a Ferraz en junio de 2025, cuando se produjo la imputación del secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, por el presunto amaño de contratos de obra pública. Si bien, en aquella ocasión las investigaciones no se planteaban al conjunto de la formación política, sino que los trabajos se centraron estrictamente a lo referido a Cerdán.
En esta ocasión, el dispositivo desplegado, dejando la imagen más notoria en Ferraz pero extendiéndose al conjunto del territorio nacional, se centra en una investigación abierta a través de la cual se busca ahondar en la figura de Leire Díez, los pagos que se realizaron a su persona y los contratos con la SEPI. La UCO acude a la sede de los socialistas, así como otros inmuebles de altos cargos del partido, por orden del magistrado Santiago Pedraz, del juzgado de Instrucción número 5, y habiendo sido este dispositivo acordado con la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.
Además, la UCO también acudirá, según se ha podido conocer, al domicilio Gaspar Zarrías, Santos Cerdán y Pérez Dolset, también investigados en este caso. Se trata de un trama en torno a la cual se investigan en los juzgados posibles delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
Según ha podido conocer ElPlural.com por fuentes cercanas al caso, se considera que la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados.
Estas medidas, tal y como se apunta, se concretan en requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos y la información que se detalla en los tres autos que han sido notificados esta mañana a los representantes legales de los requeridos.
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