La Fiscalía Anticorrupción estudia recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sobre el fin de la investigación acerca del presunto espionaje a Luis Bárcenas. Entiende el Ministerio Público que no se han llevado a cabo las pesquisas realizadas por los fiscales, como la declaración del que fuera senador del Partido Popular y previamente director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó. Además, también requieren que se indague si el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy estaba al tanto de la Kitchen.
Según indican fuentes jurídicas, el Ministerio Público está estudiando la posibilidad de impugnar el auto de procesamiento dictado el pasado jueves por el magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 6. No obstante, como consecuencia de la paralización de los plazos judiciales durante el mes de agosto, la decisión llegaría a en el mes de septiembre.
El juez determinó la clausura de la instrucción sin acordar las diligencias planteadas por la Fiscalía Anticorrupción, quien había solicitado la prórroga de seis meses de la misma para poder practicarlas. Las acusaciones ejercidas por el PSOE y Podemos, el propio ex tesorero del PP y las defensas del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ex secretario de Estado Francisco Martínez.
El resto de acusaciones ya han anunciado que presentarán los recursos pertinentes para obligar a García-Castellón a que reabra las investigaciones sobre la Kitchen. Estiman que aún quedan algunas cuestiones por investigar. Pese a que todo apunta que seguirán la línea de Anticorrupción, fuentes consultadas por Europa Press han destacado que aún no han decidido qué diligencias solicitarán.
Han explicado que no han tenido acceso suficiente al material que alberga esta pieza separada de la macrocausa Tándem, incluyendo las famosas agendas del excomisario José Manuel Villarejo. Estas permitieron significativos avances en las pesquisas sobre Kitchen.
Recursos de las defensas
Con mayor decisión que Anticorrupción, las defensas han anunciado que impugnarán el auto de procesamiento que deja al borde del precipicio al ex ministro de Interior de Mariano Rajoy Jorge Fernández Díaz, la cúpula policial de la época y otros miembros del cuerpo, así como el antiguo chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos.
Desde las defensas ya han mostrado su disconformidad ante lo que entienden un cierre en falso de la investigación. Deslizan que el instructor ha olvidado la inclusión de detalles relevantes, como el contenido que se obtuvo del volcado de los móviles que presuntamente fueron sustraídos a Bárcenas y acabaron en manos del número dos de Fernández Díaz.
Las peticiones sobre Rajoy y Cosidó
Anticorrupción había pedido a García-Castellón que antes de poner punto y final a los casi tres años de pesquisas sobre la 'Operación Kitchen' llevara a cabo unas últimas actuaciones a fin de agotar todas las líneas de investigación.
Destaca su solicitud para que el PP indicara a qué persona o personas se asignó el número de teléfono que Villarejo aseguró, tanto en sede parlamentaria como judicial, que era el que usaba Rajoy para que el comisario le mantuviera informado sobre el desarrollo del presunto espionaje a Bárcenas.
Sin embargo, el juez no lo consideró necesario porque, de las indagaciones realizadas por la Policía sobre los número de teléfono aportados por Villarejo, "no se observa conexión alguna" entre los teléfonos intervenidos y el que supuestamente utilizaba Rajoy.
Para el magistrado, ninguna diligencia realizada a lo largo de la instrucción permite sostener que "Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro".
García-Castellón consideró asimismo "innecesaria e inútil" la citación de Cosidó como imputado que reclamaba el Ministerio Público, debido a "la falta de indicios que justifiquen este llamamiento". "Ninguna de las diligencias practicadas permite inferir con objetividad su participación en la operación", zanjó.
