El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, en Castellón, ha acusado al exalcalde y diputado del PP en el Congreso, Óscar Clavell, de fabricar un entierro inexistente para favorecer a terceras personas con la ubicación de un nicho en el cementerio de la localidad durante su etapa en el Gobierno municipal.
El Equipo de Gobierno actual ha ordenado abrir este lunes el nicho número 46 del cementerio y los técnicos han comprobado que está vacío, a pesar de que le cubre una lápida que lleva fecha del 11 de agosto de 2014 y el nombre de Aitor Iureta Oteiza. Según ha podido comprobar el Ayuntamiento, se trata de una identidad que no existe en los registros del Instituto Nacional de Estadística.
La Fiscalía y el juez dieron carpetazo
La concejala de Urbanismo, Francesa Bartolomé, ha explicado que el entonces alcalde, Óscar Clavell, “dio la orden de hacer este falso enterramiento para sacar un supuesto beneficio electoral" a cambio de favorecer a terceras personas al facilitarles un niño más accesible para enterrar a sus muertos, situado a ras de suelo. según adelanta Europa Press.
El actual Gobierno municipal, del PSOE, abrió en 2016 un expediente y citó a los enterradores, a miembros del departamento de Sanidad que tramita las defunciones y al propio exalcalde, quién, según el Ayuntamiento, no ha aclarado el asunto. Tras las primeras averiguaciones, el Ayuntamiento denunció el caso ante la Fiscalía, que archivó el caso por falta de documentación. Por su parte, el juzgado consideró que el exregidor se saltó el procedimiento de adjudicación de nichos por orden correlativo, pero el asunto no merecía intervención penal, "al margen de la situación grotesca de la invención de un nombre falso de enterramiento en el nicho 46, para ocultar la irregularidad, entendiendo que el salto de un lugar de enterramiento a otro uno o dos puestos más abajo para comodidad de los familiares de un difunto puede considerarse una corruptela o irregularidad sancionable administrativa y políticamente", según ha difundido el Consistorio.
La concejala de Urbanismo ha destacado el hecho de que con esa irregularidad el Ayuntamiento dejó de ingresar 1.000 euros por la venta del nicho, lo que es “muy grave, no solo porque las administraciones públicas debemos garantizar los intereses de todos y no un interés particular, sino porque demuestra muy poco respeto por la ciudad y por la democracia”.
