El Jefe Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, José Javier Cuasante, nombrado por el ex ministro, Jorge Fernández Díaz, vuelve a estar en el punto de mira.
Su designación ya estuvo rodeada de polémica. Cuasante fue apadrinado por los responsables políticos de la Delegación y Subdelegación del Gobierno del Partido Popular en Valencia. En varias ocasiones ha recibido críticas por su afinidad con esta formación. A esto hay que sumar que Cuasante, al igual que la mayoría de los cargos de esta región designados por el entonces titular de Interior, pertenece a la Orden de Caballeros de San Cristóbal, una organización religiosa muy militarizada.
Escándalo generó también su toma de posesión, por la extraña forma en la que se desarrolló y por el lugar en el que se hizo, la Capitanía General de los Tres Ejércitos, el edificio de donde, por orden de Milans del Bosch, partieron los tanques que tomaron las calles de Valencia el 23-F.
El PSPV-PSOE llegó a solicitar su dimisión. Pero su figura ya estuvo en el punto de mira antes.
Retrasando informes sobre corrupción
Cuando fue Comisario Provincial en Alicante fue acusado de dilatar en el tiempo el traslado de información sobre casos de corrupción del PP. Tal y como publicó el diario.es retrasó 5 años un informe relacionado con el conocido caso Brugal , y, según El País, la jueza de Orihuela que investigó la adjudicación del tratamiento de basuras en la Vega Baja, Rosa María Villegas, también se quejó de él por el mismo motivo en 2015. En esa ocasión, lo que pidieron la dimisión fueron todos los partidos políticos, a excepción del PP, que le premió con un ascenso.
De aquel periodo también llamaron la atención las cajas de botellas de vino que Cuasante presuntamente recibió de distintos empresarios de la provincia, y de lo que alertó el Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción (OCC).
Pero hay más, porque también se solicitó su cese cuando fue Comisario de Elche.
La seguridad ciudadana se resiente
En lo que respecta a su gestión como Jefe Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, ha recibido duras críticas. La Agrupación Reformista de Policías (ARP) ha denunciado en más de una ocasión el deterioro que ha sufrido la seguridad ciudadana, hasta el punto de que se ha llegado a utilizar personal de Policía Judicial y Extranjería para cubrir las deficiencias. “Algunas ciudades quedaron desasistidas de un servicio tan esencial como el 091 y otros vinculados a las Brigadas de Seguridad Ciudadana”, recuerda a ELPLURAL.COM el Coordinador General de este sindicato, Luis Miguel Lorente, quien añade que “esto provocó que grupos incontrolados ocupasen las calles valencianas amenazando a la sociedad civil”.
Autoritarismo castrense
Desde ARP aseguran que Cuasante tiene “un carácter de autoritarismo castrense” que “choca con el perfil de la Administración actual, ya que se rige por unas actuaciones nulas con respecto a la ética y código profesional, no acordes con la regeneración en la cúpula policial necesaria en el Cuerpo de Policía Nacional”.
“Su mando dictatorial” lo define, explican, al igual que las múltiples situaciones de abuso de poder que protagoniza. Entre ellas está la de “hacer que agentes a su cargo le suban domingos y fiestas de guardar la prensa a su domicilio”, el edificio de la Jefatura Superior. “Hay funcionarios de servicio que lo toleran por temor a ser cambiados de este puesto de trabajo a otro más arriesgado”, destaca el portavoz de este sindicato.
La agrupación denuncia, además, “su negativa sistemática a conceder permisos para que los policías puedan atender a sus hijos, la concesión de puestos de trabajo de forma irregular, y la utilización de vehículos oficiales para fines particulares”, lo que ya sacó a la luz este medio en diciembre del pasado año.
Caos en el centro de internamiento de extranjeros
Por otra parte, ARP llama la atención sobre los problemas existentes en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores. “Se están produciendo situaciones claramente inconcebibles en un estado de derecho”, avisa.
“Los internos con condenas por homicidio, robo o tráfico de drogas ocupan los mismos espacios que el resto de internos preventivos que están a la espera de ser expulsados a sus países de origen”, manifiestan desde este sindicato, lo cual, “vulnera tanto la Ley de Extranjería, como las sentencias judiciales expresas”. Como se les permite tener teléfono móvil “pueden estar sirviendo información al exterior de las condiciones de seguridad de personal y del edificio”, resaltan.
ARP alerta de que los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional están “siendo sometidos a unas labores y a unas presiones impropias”, y de que “se les ha hecho firmar por escrito de forma individual unas normas internas”.
Al mismo tiempo, subrayan que “algunos internos, para evitar que se les devuelva a su país, denuncian a los policías”. “Al abrirse un proceso judicial en España se para la expulsión”, explican.
Piden que se investigue
La Agrupación Reformista de Policías considera que José Javier Cuasante “ha cubierto una etapa, y debería entender que su compromiso profesional, con el anterior ministro del interior, está agotado”.
Asimismo, estiman que “es necesaria una inspección general de los servicios de la Dirección General de la Policía”, que determine lo que está ocurriendo.
ARP avanza que denunciará la situación ante la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y no descarta “acudir a órganos administrativos de superior instancia” si fuera necesario.