El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha propuesto juzgar al juez instructor del caso Cursach, Miquel Florit, por presuntos delitos cometidos al ordenar la incautación de teléfonos móviles y documentos a los periodistas de Diario Mallorca y Europa Press que cubrían esta causa.

La jueza Feliza Vida, que firma el auto, cree que Miquel Florit pudo cometer presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas y de interceptación ilegal de las comunicaciones. La sala otorga diez días a las acusaciones para formular escrito de acusación o pedir el sobreseimiento de la causa.

“Cualquiera de las medidas de investigación tecnológica deberá responder a los principios de idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad”, señala la jueza, que cree que el oficio dictado en septiembre por el que se tuvo acceso a los datos de las comunicaciones de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou no contiene ninguna mención al principio de proporcionalidad de la medida, a pesar de que se acuerda una iniciativa restrictiva de derechos fundamentales de terceras personas que no tienen la condición de autores o partícipes del delito investigado.

El derecho constitucional de los periodistas

La jueza afirma que “las terceras personas titulares de las líneas telefónicas cuyo registro de llamadas y datos de tráfico asociados se investiga tienen la condición de periodistas y de agencia de noticias, lo que determina que están protegidos por el secreto profesional, lo cual obligaba a que la adopción de la medida tuviera que ponderar más parámetros que si el destinatario de la injerencia no estuviera amparado por tal derecho, exigiendo un criterio más restrictivo para su adopción”. En el auto, la magistrada también defiende que la intervención de los registros de llamadas podría suponer un atentado al derecho al secreto profesional amparado en la Constitución y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, puesto que el secreto incluye el derecho de los periodistas a mantener el anonimato de sus fuentes.

La protección de las fuentes periodísticas es uno de los pilares de la libertad de prensa. La ausencia de dicha protección podría disuadir a las fuentes de ayudar a la prensa a informar al público sobre cuestiones de interés general. Como resultado la prensa podría ver disminuido su papel indispensable de perro guardián y su capacidad para conseguir información fiable y precisa”, recuerda la jueza.

El pasado 12 de diciembte, el juez Florit ordenó requisar los teléfonos móviles y ordenadores de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou que cubren información sobre tribunales, con el objetivo de indagar en el origen de una filtración en el marco del llamado caso Cursach, que investiga los lazos entre el empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach y agentes de la Policía Local de Palma.

El juez dictó el registro de las sedes de Europa Press Baleares y de Diario de Mallorca para decomisar los teléfonos móviles, ordenadores y documentación de dos periodistas y, además, acceder a los listados de llamadas emitidas y recibidas y conocer la geolocalización de los informadores.