El pasado 12 de julio el Banco de España publicó el listado de entidades y empresas certificadoras, así como las formaciones que considera válidas en cumplimiento de la Ley 5/2019 de 15 de marzo. La normativa regula los contratos de crédito inmobiliario y obliga a los cuadros de personal de las entidades financieras que comercializa, asesora o diseña préstamos hipotecarios, a acreditarse, es decir, a recibir una formación acreditada sobre esta materia. La sorpresa ha llegado cuando ninguna de las universidades gallegas, ni sus titulaciones, tendrán validez. Asimismo tampoco será efectivo el certificado de acreditación profesional por experiencia.

El sector de banca de la Confederación Intersindical Galega (CIG) ha considerado que esta situación es fruto de la “dejadez más absoluta por parte del gobierno que preside Núñez Feijóo”, tanto en lo relativo a las titulaciones impartidas por las universidades gallegas, como por no haber solicitado la validación de las denominadas “Acreditaciones Profesionales por Experiencia”.

Formación obligatoria privada, en detrimento de la pública

Desde el sindicato han recordado que están estableciendo como “obligatorias para trabajar en el sector financiero titulaciones y formación de entidades o empresas privadas, en detrimento de las titulaciones públicas”. “Un paso más en la privatización de la educación”, han denunciado.

Además, han señalado, no es la primera vez que sucede algo similar, como cuando la CNMV comenzó a requerir formación al personal de las entidades financieras que informa o asesora sobre productos complejos, “en aquel momento ninguna titulación oficial gallega fue validada”, han sentenciado.

También han denunciado desde CIG-Banca, que en vez de poner coto a las políticas comerciales de las entidades financieras, de vigilar y restringir la comercialización de productos complicados, o de que los organismos públicos competentes en materia de supervisión vigilen las clausulas de los contratos bancarios, “la legislación opta por trasladar la responsabilidad a la clientela y a los cuadros de personal de las entidades”, han aseverado.

Para terminar han asegurado que los trabajadores y trabajadoras están obligadas a recibir una “formación inútil”, como si el modelo de los contratos de los préstamos hipotecarios no estuviesen cerrados y sin posibilidades de modificación por parte del personal de las oficinas. En este sentido, el Banco de España abrió este proceso para validar las formaciones y certificaciones, que requerían una solicitud al citado organismo por parte de las entidades o empresas que pretendiesen acreditar su formación.