“O abandonas este país tu solo con tu hijo y no aparecer más por la televisión, o te acordarás de este momento algún día”, “Voy a acabar contigo aunque sea lo último que haga en la vida”, con este tipo de mensajes se levantó Risto Mejide el pasado jueves 10 de mayo.

El periodista, publicista, escritor y jurado de ‘Factor X’ no lo dudo y reveló estas amenazas que había recibido en Twitter. Mejide denunció a la Policía, también vía Twitter, el perfil de un único usuario, responsable de varios tuits en los que amenazaba al comunicador. Pocas horas después de este suceso, la cuenta denunciada era suspendida.

Sin embargo, Risto no es el primero (ni seguramente el último) famoso que ha sufrido amenazas similares en las redes sociales. La lista es larga, y va desde Pablo Iglesias o Gabriel Rufián, hasta la también periodista Ana Pastor, pasando por Iñigo Errejón y un sinfín de nombres. De hecho, hace pocos meses fue Laura Escanes, pareja del periodista, la que denunció amenazas de muerte contra su marido, aunque luego borró el tuit.

Pese a ello, según la Justicia, no siempre estas amenazas son delito. Errejón o Rufián buena prueba pueden dar de ello. En octubre de 2016, la Fiscalía denunció a un vecino de Motril (Granada) por un delito de incitación al odio al usar Twitter para publicar comentarios contra estos diputados, entre otros.

Al portavoz de ERC en el Congreso, este usuario le deseó la muerte de su hijo (“ojalá lo maten”), mientras que al número 2 de Podemos le amenazó con echar lejía en la boca. Finalmente, para sorpresa de todos, el Juzgado de Instrucción 1 de Motril decidió archivar la denuncia.

Esta decisión contrasta con otras tomadas, como la de Audiencia Nacional, que en octubre decidió investigar como terrorismo amenazas vertidas contra el líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, así como pintadas aparecidas en Girona contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y la dirigente del partido naranja en Cataluña, Inés Arrimadas.

Así pues, vistos estos lamentables casos, que han tenido sentencias muy diferentes, cabe preguntarse qué criterio sigue la justicia para admitir unas denuncias, y archivar otras.