Las asociaciones representativas de la Guardia Civil se han ausentado este miércoles del Pleno del Consejo en protesta por la no comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de quien esperan una explicación sobre el proceso de la equiparación salarial, tras la polémica decisión de restar dos millones al presupuesto previsto para la subida.
En un comunicado conjunto, las asociaciones representadas en el Consejo de la Guardia Civil (AUGC, ASESGC, Unión de Oficiales, UniónGC, APROGC, la Asociación Profesional de Cabos, IGC) explican que "los hechos son lo suficientemente graves como para exigir las explicaciones oportunas por parte del máximo responsable de Interior" y critican que el director general haya "decidido continuar con el desarrollo del Pleno no atendiendo a la petición de demorar el inicio hasta la llegada del ministro".
"Las asociaciones profesionales quedamos a la espera de que llegue el ministro del Interior para exigir las explicaciones sobre las decisiones unilaterales que se han tomado en perjuicio de la Guardia Civil. En caso de que no sean convincentes, anunciaremos acciones legales contra los responsables ministeriales", añaden los representantes de las asociaciones profesionales.
Una auditoría externa debía fijar la subida salarial
La queja de los guardias civiles llega después de que se venciera el plazo estipulado para que una consultoría externa entregara el informe sobre el reajuste económico necesario para equiparar todos los Cuerpos de Seguridad del Estado. La empresa elegida para realizar el estudio ya lo ha entregado a Interior el pasado 25 de febrero, pero el Ministerio lo ha ocultado a las organizaciones representativas, según las asociaciones.
2,5 millones menos
En febrero, estas organizaciones denunciaron que el director general, Félix Azón, decidió "unilateralmente" restarles un 1% (2,5 millones de euros) del reparto de la subida salarial de 2019, incluido en el acuerdo de la equiparación salarial entre todos los Cuerpos de Seguridad del Estado. Las asociaciones dijeron entonces sentirse "engañadas y defraudadas" porque les "despojó" de sus funciones representativas al cambiar el porcentaje de reparto entre cuerpos que se había establecido el 5 de septiembre de 2018 en el acuerdo con la Secretaría de Estado de Seguridad, en beneficio de la Policía Nacional.
El acuerdo establecía que la Guardia Civil recibiría el 59% de los 250 millones comprometidos para 2019 (807 millones si se suman los tres tramos desde 2018 a 2020) y la Policía Nacional el 41% restante.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció el 21 de febrero en el Congreso que el tramo de 2019 se empezará a cobrar en las nóminas de abril. Tras tumbarse los Presupuestos Generales del Estado, se recurre para ello al Decreto Ley 24/2018 que el Gobierno aprobó en diciembre con medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
Las asociaciones -en la Guardia Civil no están permitidos los sindicatos- consideran que la modificación del reparto de la equiparación salarial con las policías autonómicas que se aprobó con el Gobierno del PP y respetó Grande-Marlaska a su llegada a Interior se ha hecho "al margen de la Comisión de Seguimiento General, es contraria a derecho y pone en peligro que se pueda cobrar en abril".
