Los cinco miembros de la Manada encarcelados en la prisión de Pamplona y la cárcel militar de Alcalá Meco (Madrid) quedaron en libertad el pasado viernes después de haber abonado las fianzas de 6.000 euros decretada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. Este hecho supuso la movilización de miles de personas que volvieron a salir a la calle en decenas de ciudades españolas para mostrar su indignación contra "la justicia patriarcal" por la libertad provisional de los cinco acusados a quienes han deseado que la "calle sea la cárcel". La Manada está libre y en peligro.

Filtración de datos

Está circulando por diferentes canales información exacta y privada tanto de José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza, el guardia civil Antonio Manuel Guerrero y el miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Alfonso Jesús Cabezuelo como tambén del juez que pidió la absolución, Ricardo Javier González González. De los cinco de La Manada se han difundido datos tales como fecha de nacimiento, DNI, nombre de los padres, estudios, currículim, incluso su domicilio. Un hecho que podría poner en peligro la integridad física de los acusados por abuso sexual.  

Lo mismo pasa con el juez González González, cuyos datos también han sido publicados, repasando además, su carrera judicial.

El abogado de los cinco acusados, Agustín Martínez Becerra, ha denunciado públicamente dicha difusón, anunciando además, que pedirá a la Justicia una investigación por vulnerar la Ley de Protección de Datos

Libertad polémica

La Audiencia de Navarra concedió a los miembros de La Manada la libertad provisional bajo fianza al considerar que su arraigo, insolvencia económica y falta de antecedentes similares reducen el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, una decisión no compartida por la Fiscalía y las acusaciones populares, que van a recurrir.

Presunta agresión sexual en Pozoblanco

Cuatro de los condenados, José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero están también imputados, en una pieza derivada del caso de los Sanfermines, por una supuesta agresión sexual a una joven de Pozoblanco (Córdoba) en mayo de 2016.


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