Jesús Pérez, abogado del guardia civil integrante de La Manada, ha presentado este viernes en la Audiencia de Navarra un escrito en el que solicita la libertad de su cliente por motivos de "arraigo", en tanto se resuelve el recurso a la sentencia que le condenó a 9 años de cárcel por abuso sexual.
Durante su estancia en prisión preventiva, antes de que se conociera la polémica sentencia que considera que no hubo violación en grupo, el guardia civil fue padre, y este es uno de los argumentos. Además, el abogado ha asegurado que "no hay riesgo de reiteración delictiva ni riesgo de fuga".
"En un escrito muy sencillo hemos analizado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en los casos en los que ya ha pasado tiempo y hay un sentencia, y dice que para denegar la libertad provisional no es suficiente que el tribunal alegue la gravedad del delito ni alarma social, sino que hay que entrar a conocer las circunstancias personales concretas de quien lo solicita", reza el escrito presentado.
Y "a eso me he agarrado", ha precisado el letrado, quien ha añadido que su cliente, en prisión desde el 9 de julio de 2016, "tiene pareja estable desde hace más de diez años, es padre de una niña de un año, tiene domicilio conocido y estudia un grado de Derecho". Todo esto, en opinión de su defensa, crea "unas circunstancias personales adecuadas para que se le conceda la libertad provisional", ha subrayado, y por eso ha entendido que hablar del "arraigo es lo que tocaba ahora" desde su punto de vista.
"Daña la imagen del cuerpo"
El abogado considera que no se puede hablar de alarma social, pero el hecho de que este condenado y miembro de La Manada fuera Guardia Civil ha supuesto un elemento más de crítica y preocupación.
"Las personas que no respetan la ley y el uniforme dañan la imagen de la Guardia Civil". "No vale ponerse de perfil” porque "somos un colectivo muy grande. La inmensa mayoría, buenas personas y buenos profesionales y la sociedad así nos lo reconoce", lamentaba en declaraciones a ElPlural.com Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
“Siempre puede haber un indeseable", reconoció y por ello, la Asociación Unificada de Guardias Civiles cree que “quien no respeta y no hace respetar la ley, sobra aquí. La misión es detectarlo, saber que existe y expulsarlo automáticamente para que nunca más vista el uniforme”.
Sigue cobrando el 75% de su salario
Hay que recordar que Antonio Manuel Guerrero todavía no haya sido expulsado del cuerpo de la Guardia Civil, como también ha ocurrido con el soldado Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar de La Manada que trabajaba en la Unidad Militar de Emergencia (UME) de Morón de la Frontera.
Aunque ambos fueron condenados, su situación profesional no ha cambiado en nada. La sentencia fue emitida por la Audiencia de Navarra, pero aún cabe recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo. En consecuencia, ambos continuarán percibiendo el 75% de su salario hasta que exista la sentencia firme.
Así lo ha confirmado el Ministerio de Defensa. Cabezuela fue suspendido nada más ser procesado y encontrarse bajo prisión preventiva en base al artículo 111 de la carrera militar. Además, fue cesado en su destino de la UME en Sevilla. Eso sí, continúa percibiendo tres cuartas partes de sus retribuciones básicas, pero no podrá ascender de escalafón, queda inmovilizado y no se computa a efecto de tiempo de servicios, ni trienios, ni derechos de régimen de la Seguridad Social.
