Ante el interés mediático suscitado por los denominados «vientres de alquiler» durante los últimos meses —alimentado por partidos como Ciudadanos y abonado por deportistas, gentes del mundo del cine, la música o la prensa del corazón, es decir, por personas con un poder adquisitivo elevado que han puesto de moda un fenómeno, por otro lado, cuantitativamente minoritario en la sociedad española—, Podemos mantuvo que un asunto de este tipo no podía despacharse sin un debate sosegado, participado y, sobre todo, incardinado en los debates feministas.

El registro por parte de Ciudadanos de su propuesta de ley para regular la gestación por sustitución, actualmente prohibida en nuestro ordenamiento jurídico, hizo necesaria, sin embargo, una postura que fuera más allá del rechazo a dicha propuesta. En nuestro país, la gestación por sustitución está prohibida, y la filiación del hijo o de la hija viene determinada por el parto. Sin embargo, la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2010 y la Orden del Ministerio de Justicia de 2014 han hecho posible la inscripción en el Registro Civil español del fruto del contrato, con la única condición de que no se haya formalizado en España.

Es difícil conocer las cifras de bebés nacidos de vientres de alquiler, dado que no suelen existir registros oficiales; e incluso, donde los hay, puede haber diferencias significativas entre las cifras oficiales y las cifras de las agencias.

Lo que sí sabemos, plantea PodemosS en su cominicado, “es que se trata de un fenómeno muy generizado y que se enmarca en el contexto de la globalización, donde cada vez más mujeres de países pobres actúan como madres gestantes para mujeres y hombres de países más ricos”.

Además, es un proceso que afecta a las mujeres comitentes y a las donantes de óvulos, así como a la actitud hacia las mujeres que puede emerger en una sociedad a raíz de esta práctica.i

Desde la perspectiva feminista, sin llegar a la división que se puede constatar en otros grandes temas de debate, las distintas posturas con respecto a la gestación por sustitución pueden agruparse en aquellas que consideran dicha práctica como una manifestación de la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo y aquellas otras que consideran la gestación por sustitución una forma de explotación del cuerpo de las mujeres; estas últimas se dividen, a su vez, entre quienes así lo consideran al entender que no es posible evitar, una vez que se admite esta práctica, la gestación por sustitución comercial —y, en este sentido, la consideran indisociable de la explotación económica—, y quienes la consideran una forma de explotación independientemente de la ausencia de contraprestación económica, pues el cuerpo de las mujeres se instrumentaliza al apelar a su capacidad de entrega y sacrificio, en el caso de la gestación por sustitución altruista.

En junio de 2017, al conocer la proposición de ley para regular la gestación por sustitución presentada por CiudadanosPodemos señalaba algunos elementos centrales de la línea de base a partir de la cual han elaborado la postura política:

1. La urgencia de Ciudadanos se debe a una necesidad de regulación que permita a clínicas, agencias y otros agentes económicos mantener su tipo de negocio en España sin tener en cuenta la vulneración de derechos humanos de mujeres, niñas y niños que se comete de forma fehaciente en muchos de los países donde está permitido contratar este tipo de servicio (…)

2. La gestación por sustitución no puede llamarse «altruista» cuando hay, de por medio, «compensaciones» económicas (…)

3. La gestación por sustitución no es una técnica reproductiva, es un proceso biológico, un proceso de vida (…)

4. El marco contractual de la gestación por sustitución, en el que se pretende que la madre gestante renuncie por contrato a ciertos derechos fundamentales, como la interrupción voluntaria del embarazo, es inadmisible (…)

5. No aceptamos la retórica familiar de Albert Rivera, en la que este tipo de práctica se plantea como progreso, futuro, novedad del tipo de familia en España. Tampoco que la maternidad o la paternidad, así como el deseo de tener descendencia con la propia carga genética, sean derechos en grado alguno, mucho menos equiparables a aquellos otros fundamentales que esta práctica vulnera.

6. Organismos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CETFDCM; en inglés, CEDAW) o el Parlamento Europeo han alertado e instado a la prohibición de toda práctica gestacional que vulnere los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo, especialmente en países en desarrollo (proveedores de madres gestantes), en los que se ha comprobado la comisión de delitos contra los derechos humanos y la vinculación de la gestación por sustitución con la trata de seres humanos.

Por lo anteriormente expuesto, Podemos se opondrá a cualquier regulación de la gestación por sustitución que entre en colisión con los puntos anteriores, marco de nuestra reflexión como partido y como feministas.

Así, con fecha 2 de noviembre de 2017, dio comienzo un plazo de reflexión descentralizada en torno a estas y otras cuestiones contempladas en la ponencia marco elaborada a efectos de decidir nuestra postura conjunta como partido. El proceso culminó el 21 de enero de 2018 con un consenso generalizado.

Desde la Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI de Podemos, han emitido las siguientes conclusiones:

Nos oponemos a la explotación reproductiva de las mujeres y defendemos:

  • El mantenimiento de la prohibición actual.

  • El cumplimiento de los controles relativos a la donación de óvulos establecidos en la ley.

  • Las reformas legales que permitan evitar los casos de hechos consumados propiciados por la Instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado, estableciendo un periodo de moratoria de un año para quienes estén inmersos actualmente en este tipo de procesos.

  • La revisión de la normativa reguladora de las adopciones y de los procesos adoptivos.

Exhortándonos, por último, a realizar una autocrítica como sociedad a un sistema que dificulta la maternidad y paternidad a tantas personas y busca extraer beneficios económicos de esa misma dificultad.