En 2015, un grupo de agentes con cargos en Unión de Guardias Civiles (UniónGC), representada en el Consejo de este Cuerpo armado, detectó irregularidades en el uso de los fondos de esta asociación que tiene como fin defender los derechos de los guardias. Lo denunciaron en varias ocasiones a la Dirección General de la Guardia Civil, que hizo oídos sordos, y finalmente fueron expulsados de la asociación. Un juzgado de Madrid les ha dado ahora la razón y obliga a restituirles en sus cargos.
Entre 60.000 y 80.000 euros de UGT
Según la denuncia de los agentes afectados, adelantada por Interviú hace un año, UniónGC recibía al año entre 60.000 y 80.000 euros por parte del sindicato UGT, a pesar de que la ley prohíbe que las asociaciones de guardias civiles reciban donaciones o dinero que no proceda del propio instituto armado, y menos de sindicatos o partidos políticos. Pero había más.
Los fondos estaban siendo usados "con opacidad para fines ajenos a la organización, como supuestas comilonas y viajes a lo grande", según los denunciantes.
Varios cargos pidieron las cuentas de la organización, pero lejos de dárselas, lo que hizo la cúpula de UniónGC, según la denuncia, fue ponerles en entredicho y expulsarles despojándoles de sus cargos, tras el XII comité estatal de la organización.
El director general hizo oídos sordos
Los afectados presentaron tres denuncias, a principios de 2017, ante la Dirección General de la Guardia Civil, al frente de la que estaba en aquel momento Arsenio Fernández de Mesa, un hombre de confianza de Mariano Rajoy, gallego como él.
Según aseguran los denunciantes a El Plural, la cúpula de Unión GC “defendía a muerte al anterior director general, Arsenio Fernández de Mesa.
Una purga contraria a las leyes
Todos los guardias expulsados, en Galicia, País Vasco, Navarra, Murcia, Baleares y de la Federación de Tráfico, fueron expulsados de la asociación y de sus cargos sin pasar por la comisión de garantías y sin derecho a defenderse.
La cúpula de la asociación, según los denunciantes, violaron los estatutos de la organización, la Ley Orgánica 1/2002, que protege el derecho de asociación, la Ley 11/2007, que reguladora los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, y el artículo 22 de la Constitución.
“Sabían que íbamos a pedirles cuentas por el presunto uso irregular de los fondos de la asociación y aprovecharon un comité, que se celebran cada seis meses, para montarlo todo y echarnos. Luego vinieron los insultos y las desacreditaciones en las redes sociales. Todo con el conocimiento del anterior director general”, relatan a este diario los denunciantes.
Los guardias acudieron entonces a la Justicia y la cúpula actual de UniónGC, para evitar sentarse en el banquillo, admitió aspectos demandados como la readmisión de los cargos expulsados en la asociación.
La sentencia de la instructora del Juzgado de Primera Instancia Número 57 de Madrid, que admitió la demanda de los afectados, establece que “los acuerdos impugnados son contrarios a la ley y los Estatutos, y nulos de pleno derecho”, por lo que ordena que se “proceda a considerar a sus representados miembros de la asociación sin interrupción alguna, manteniendo los cargos que ostentaban hasta el momento de la expulsión”.
La jueza, además, sentencia “la nulidad de todos los acuerdos de los comités y congresos asociativos que se hayan celebrado desde el cese”.
UniónGC recurrirá la sentencia
La cúpula de UniónGC, recurrirá la sentencia, según ha confirmado el secretario general de UniónGC, Ramón Rodríguez Prendes, a El Plural: “Los servicios jurídicos de la asociación están tramitando el recurso”.
Niega el uso irregular de los fondos
Rodríguez Prendes niega que haya habido irregularidades en las cuentas de la organización. “Los fondos de UniónGC son de procedencia legal. Nunca hemos reconocido que UGT nos haya dado subvenciones y nuestra contabilidad está auditada por Hacienda. Si no hay subvención no hay uso ilegal de fondos”, subraya el secretario general de UniónGC, que admite que “las asociaciones profesionales no pueden recibir subvenciones ajenas a la Dirección General de la Guardia Civil”.
Sobre los viajes de cargos de la asociación a cuenta de ésta, el secretario general de UniónGC dice que es lógico que “si los cargos de la ejecutiva viajan, no se lo van a pagar de su bolsillo. Faltaría más. El dinero se destina a trabajar por los afiliados”.
En cuanto a la expulsión de los cargos denunciantes, el secretario general de UniónGC afirma que fue una “decisión del órgano que dirige la asociación, con la aprobación del Comité”. Preguntado por los motivos de las expulsiones, se ha limitado a decir que fue por “deslealtad con la organización”.
