El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, investigado por los contratos del Gran Premio de Fórmula1, ha justificado los viajes que la Generalitat pagó al expiloto Jorge Martínez 'Aspar' en que se debía contar con su asesoramiento técnico concreto como buen conocedor del mundo del motor.
“Sus conocimientos, consejo, no estaba entre los de la Presidencia ni de la Administración autonómica y sí en el campeón motociclista y deportista más laureado de la Comunitat”, argumenta el escrito enviado por el abogado de Camps al Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, y al que ha accedido Europa Press.
El escrito responde a diferente documentación aportada a la causa por parte del subsecretario de Presidencia del actual Gobierno valenciano, tachada de “pliegos de documentación pedida y pliegos de documentación ni siquiera interesada por la instrucción”, según el abogado de Camps. Por esto, las circunstancias que rodean a los viajes pagados a ‘Aspar’ considera que “son ajenas del todo a la investigación que promueve la Fiscalía”.
Camps defiende que esta documentación con contratos entre 1999 y 2012 “fueron legalmente tramitados” y que la “constancia” en la agenda institucional y en actos protocolarios o viajes del estilo de deportistas, empresarios, asesores o personas públicas “no solo fue un hecho normal en el gobierno de Camps, sino que lo está siendo en todos los gobiernos posteriores, así como los anteriores”.
Todo queda en familia: comisiones millonarias pactadas y contratos para Taula en la F1 valenciana
Además de para negociar el establecimiento y desarrollo del Gran Premio de Europa de Formula1 en Valencia, el cual produjo una gran deuda a la región que ahora se investiga, ‘Aspar’ participó en otros viajes a Emiratos Árabes, Florencia-Bolonia y Londres para a impulsar el establecimiento en la Comunitat del Parque Temático Ferrari que finalmente fue instalado en la Comunidad Autónoma de Cataluña
En esta investigación hay, por el momento, tres investigados: Camps, Aspar y la exconsellera de Deportes, Lola Johnson.
La Fiscalía Anticorrupción ya instó en 2015 al Tribunal Superior de Justicia valenciano a estudiar la querella presentada contra el expresident al encontrar “sólidos indicios delictivos” del “prevaricación y malversación de caudales públicos”.
