En 2007, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, comunidad que lidera Cristina Cifuentes llegó a un acuerdo con las diez universidades públicas por su financiación. Así nació el llamado Plan de Inversiones 2007-2011, un acuerdo que la Comunidad de Cifuentes ha incumplido sistemáticamente.
Por ello, fueron las universidades públicas las que acudieron a la Justicia con la intención de conseguir recibir lo acordado. Finalmente, en sentencia firme, los jueces les han dado la razón a las universidades y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid tendrá que pagar 350 millones entre costas, intereses de demora y la inversión que dejó de hacer en la educación pública universitaria.
“No sabemos qué parte es por costas e intereses de demora y qué parte es la que dejaron de pagar por presupuestos incumplidos, se les preguntó en la Comisión y no nos lo especificaron”, ha lamentado en declaraciones a ELPLURAL.COM la diputada del Grupo Socialista en Madrid y portavoz para asuntos económicos, Reyes Maroto.
“Es una cantidad enorme que demuestra la enfermiza litigiosidad de este Gobierno que tiene 60.000 litigios abiertos”, añade.
Y es que han sido los socialistas madrileños los que han denunciado que la Consejería de Educación se ha gastado esos 350 millones en litigios con las universidades públicas cuando, en realidad, sólo tenía presupuestados 23,2 millones. Por eso, ahora la pregunta es ¿de dónde saldrán los 326.800.000 millones?
“Una deuda generacional”
Hasta 60.000 litigios abiertos. Esto es lo que ha tenido que afrontar la Comunidad de Madrid en materia de Educación. Lo más llamativo, según ha explicado a este diario Reyes Maroto es que, sabiendo que este año las sentencias favorables a las diez universidades públicas iban a ser firmes, no se hizo una previsión, un movimiento para presupuestar más de los 32,2 millones actuales para poder hacer frente a esas sentencias. De esto se dieron cuenta los socialistas al liquidar los presupuestos de 2016 en la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda.
“Al pedir explicaciones sobre el desglose de las sentencias, se nos ha informado que a la Universidad Autónoma de Madrid, le ha correspondido 36 millones de euros; 40 millones a la Universidad Carlos III; 132 millones a la Universidad Complutense; 48 millones a la Universidad de Alcalá; 54 millones a la Politécnica y 37 millones a Universidad Rey Juan Carlos. Esta cantidad corresponde a las sentencias firmes”, explica Maroto.
Pero “el consejero no aclaró cómo han pagado las sentencias ya que señaló que se había recurrido a créditos centralizados, una sección en la que sólo hay crédito por valor de 220 millones”.
Por ello, para poder hacer frente a ese gasto de 350 millones se ha tenido que recurrir deuda pública, una deuda “que se ha incrementado en 854 millones respecto a la previsión inicial situándose por encima de los 3.600 millones de euros”. Es decir, ante la falta de ingresos para financiar gastos extraordinarios que no estaban presupuestados, la Comunidad de Madrid recurre a deuda pública, que se ha situado en el 15,1% del PIB en el segundo trimestre de 2017 según datos del Banco de España.
Esto supone que el Gobierno de Cifuentes ha acabado creando “un impuesto generacional” que tendrán que ir pagando los futuros madrileños. "Así suben los impuestos a los futuros madrileños, lo que hacen es endeudarse para pagar porque no lo tienen presupuestado y eso es un impuesto generacional”, denuncia Reyes Maroto.
Y es que “es una deuda que tienen que pagar sí o sí porque es una sentencia en firme y en los presupuestos lo cuentan como dinero destinado a la partida destinada a la Consejería de Educación y no se debía contabilizar así”, recuerdan desde el Grupo socialista.
Manifestación en Madrid contra la LOMCE y los recortes duante la jornada de huelga convocada en la Educación
Recortes en la Educación Pública
“Estaríamos hablando de dinero escatimado a la educación pública por la mala gestión de gobiernos del PP”, denuncian los socialistas madrileños.
Según han vuelto a subrayar desde el PSOE, en 2016 hemos vuelto a ver lo que definen como un “juego de sobrepresupuestar en la escuela pública para aparentar apoyo y luego no ejecutar en su totalidad esas partidas”.
Al final, se estarían produciendo de nuevo recortes en la educación pública madrileña. Como en la educación compensatoria, que se ha bajado un 53% el crédito inicial dejándolo en 48,5 millones menos; o en el programa de becas y ayudas, del que quedan 13 millones sin ejecutar.
