El pasado 19 de julio descubrían el cuerpo sin vida de Miguel Blesa en una finca de Córdoba donde acudía a cazar con unos amigos. Un día después, la autopsia confirmaba que se había suicidado autoinfligiéndose un disparo con su escopeta en el pecho. Ahora, tras su muerte, el Tribunal Supremo ha pedido a la Audiencia Nacional, donde se juzgó el caso, que declare extinta la responsabilidad penal del que fuera presidente de Caja Madrid.

En otras palabras, el Supremo anula la condena de Blesa de seis años de prisión por el caso de las tarjetas black de la entidad bancaria. Una medida que ya había exigido su familia la semana pasada.

La ley recoge la anulación de las penas en caso de fallecimiento de un condenado, incluso antes de que la sentencia se haya hecho firme, como sucede con Blesa. Así, lo que ha hecho la sala segunda del Supremo es aplicar este supuesto en el caso de Blesa. Había sido condenado, pero había presentado un recurso que, todavía, estaba pendiente de ser resuelto. Y es que según recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), la acción penal quedó extinguida el pasado 19 de julio, cuando el exbanquero se suicidó.

Blesa había sido condenado el pasado 23 de febrero a seis años de prisión por un delito de apropiación indebida teniendo en cuenta que se gastó con su tarjeta opaca 463.688 euros. Es más, la Justicia sentenció que era el cabecilla, el que creó el sistema de las llamadas tarjetas black que se daban a consejeros y directivos de Caja Madrid y con el que gastaron hasta 12,5 millones de forma completamente opaca.

¿Y que pasa con las otras causas abiertas?

Aunque la diligencia sólo afecta a esta pieza separada del caso Bankia, la norma presupone además el sobreseimiento de otras causas en las que esté implicado, recordando que eran tres los procedimientos en los que Blesa estaba implicado. Aunque siempre haciendo alusión a su responsabilidad penal, no a la civil.

De esta forma, también se anularía cualquier responsabilidad penal en el caso de la venta de las preferentes de Bankia.

Pero también en el caso que investiga los supuestos sobresueldos en la entidad, por el que Blesa se había tenido que sentar de nuevo en el banquillo en los próximos meses. En este último, la Fiscalía había pedido una pena de cuatro años de cárcel al entender que Blesa había cometido un delito de administración desleal.


¿Qué pasa con la responsabilidad civil?

Como hemos explicado anteriormente, la decisión del Supremo sólo afecta a la responsabilidad penal; es decir, anula las penas de prisión. Queda fuera la responsabilidad civil que se materializa en multas indemnizaciones.

La pregunta es: ¿quién hará frente al pago de estas cantidades? Los herederos de Blesa, pero con excepciones.

Si sus herederos aceptan la herencia, tendrían que cubrir las indemnizaciones impuestas por la Justicia, una realidad que no se daría si estos renuncian a la herencia.