Hasta este viernes, el Gobierno no se había posicionado dentro del debate que provoca la posible regulación en España de la maternidad subrogada. Y decimos hasta este viernes porque Sanidad ya ha planteado prohibirla a nivel mundial.
La gestación subrogada o maternidad por vientres de alquiler, una realidad ya en otros países, se está convirtiendo en uno de los grandes debates entre sanitarios, asociaciones de mujeres y las empresas que lo plantean casi como un negocio. Ahora, el Comité de Bioética de España, un órgano que depende directamente del Ministerio de Sanidad, ha anunciado que trabajará por conseguir una normativa a nivel internacional para prohibir que se puedan firmar contratos de gestación subrogada.
La decisión se haría "en garantía de la dignidad de la mujer y del niño", tal y como se puede leer en el informe presentado. Una tesis que coincide con la que defiende la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres que defiende que "las mujeres no son ganado para satisfacer el deseo de crianza de unos pocos" y que esta práctica es una “explotación reproductiva”, “algo absolutamente abusivo", una “práctica ilegal” y que nunca se podrá calificar como “una técnica de reproducción asistida más".
Usar el cuerpo de la mujer
Teniendo en cuenta estas denuncias, el Comité de Bioética destaca que el aspecto más preocupante es el uso que se pueda hacer del cuerpo de la mujer. De hecho, ya existen múltiples denuncias de asociaciones de mujeres que aseguran que la maternidad subrogada en países del tercer mundo ya se ha convertido en la nueva trata de blancas.
"La mayoría del comité entiende que todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio”, ha explicado el órgano.
“Otros miembros del comité, aunque aceptan en línea de principio que esta práctica podría regularse de modo que compaginara la satisfacción de dicho deseo con la garantía de los derechos e intereses de los otros, no alcanzan a ver la fórmula de hacerlo en el contexto actual", añaden.
Un vacío legal
El artículo 10 de la Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida dice que “será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor de un contratante o de un tercero”. Por lo tanto, “la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto”.
Sin embargo, la Ley de Reproducción Asistida de 2015 manda que cualquier contrato con un vientre de alquiler sea declarado nulo. Habla de nulo, nunca de prohibición, por lo que algunas agencias podrían usar esto como un vacío legal para desarrollar la maternidad subrogada.
Por eso, ya son muchas las parejas españolas que buscan vientres en otros países donde sí está permitida la maternidad subrogada como EEUU, India, Ucrania, Reino Unido, México y Tailandia. Una vez han nacido los niños, los traen a España para inscribirles como hijos de los padres españoles.
Así, Sanidad apostaría por la prohibición total y no por la regulación. A la espera de que se regule la nueva normativa, el Comité ha propuesto sancionar y multar a las agencias que se dedicana poner en contacto a padres con gestantes.
Medidas contra Surrofair
No es la primera medida que exige para frenar el desarrollo de la maternidad subrogada. A principios de mes, la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres pedía a la fiscalía que se tomaran medidas cautelares para prohibir la celebración de la feria Surrofair. Un encuentro que al final se produjo en Madrid en el que decenas de empresas buscarían posibles clientes.
