Bien es verdad que el presidente del Partido Popular y del Gobierno de la nación hablaba en futurible pareciendo olvidar todos aquellos casos que están siendo sometidos en la actualidad a investigación judicial y en los que están involucrados dirigentes de su partido -Gürtel, Brugal, Palma Arena, Jaume Matas, Francisco Camps o Carlos Fabra- pero, al menos, advertía de un cambio de comportamiento en relación a todos aquellos casos de corrupción realizados por miembros del partido.

Ocurre sin embargo que, tan sólo veinte días después de estas firmes palabras de Mariano Rajoy, el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz ha abierto juicio oral por el caso Rilco, que investiga las irregularidades detectadas en dos exdelegados estatales de la Zona Franca gaditana nombrados por el PP, y la reacción de la alcaldesa de esta ciudad, Teófila Martínez -por boca de su portavoz, Ignacio Romaní- es diametralmente opuesta a la exigida por su presidente. Y téngase en cuenta, para un mejor entendimiento de la gravedad del caso, que el fiscal solicita más de diez años de cárcel para cada uno de ellos y que ya existe con anterioridad un fallo del Tribunal de Cuentas que condena a ambos cargos al pago de 4.321.639 euros por las “irregularidades” cometidas mientras estuvieron al frente del Consorcio de la Zona Franca.

El portavoz de la alcaldía gaditana, Ignacio Romaní, no ha condenado la actuación de estos exdelegados que fueron nombrados a instancias de Teófila Martínez sino que, antes al contrario, ha apreciado intencionalidad política en la apertura del juicio oral y, en este sentido, ha manifestado textualmente en relación con uno de ellos que “las acusaciones contra él siempre aparecen cuando se acercan unas elecciones” y que, además, sufre una “extrema indefensión” por las filtraciones que se han producido en la instrucción del caso. La presunta autoría de fraude, malversación, falsedad documental y encubrimiento, la petición del fiscal de más de 10 años de cárcel y la exigencia del Tribunal de Cuentas del pago multimillonario del dinero presuntamente malversado parecen ser para la alcaldía gaditana popular un aspecto menor.

Habida cuenta de que la reacción de una destacada dirigente del PP, Teófila Martínez, es totalmente contradictoria con el mensaje expresado de forma taxativa por su presidente en el último Congreso celebrado hace escasos días, sólo cabe deducir una conclusión: que los que conocen a Rajoy no tienen la menos duda en interpretar que sus palabras estaban destinadas a la galería, a una opinión pública a la que hay que decirle lo que quiere escuchar, y que, en consecuencia, hay que seguir comportándose de la misma forma que siempre ante la aparición de los nuevos casos de corrupción que les pudieran afectar. ¡Echar balonazos fuera y al cuerpo del contrario! Y si con éstos se lastima irremediablemente a los que tratan de inculparlos -sean policías, fiscales, jueces o ministros- mejor que mejor.

Gerardo Rivas Rico es licenciado en Ciencias Económicas