Así, por ejemplo, si los Ministerios de Justicia y de Hacienda tuviesen que enfrentarse al problema derivado de unas remuneraciones auténticamente desmesuradas -millones de euros por persona en indemnizaciones, planes de pensiones o cualquier otra forma de atraco- concedidas a los responsables de unas entidades financieras quebradas y necesitadas de los recursos de toda la colectividad, serían estos secretarios de Estado de ambos ministerios los primeros en afrontar esta eventualidad y a la luz de su discernimiento aportar sus particulares puntos de vista.

Quizás de esta forma, los ciudadanos de a pie podríamos ahorrarnos declaraciones como la de la vicepresidenta de Gobierno, Elena Salgado, que preguntada sobre este tipo de retribuciones contestó que “personalmente me parece bastante inadmisible, pero legalmente habrá que ver si esas retribuciones se ajustaban a lo que se había dispuesto por parte del consejo y los estatutos”. Si el secretario de Estado del Sentido Común hubiese necesitado algún argumento legal, habría acudido al Código Civil y hubiese reproducido su artículo 1.255 que literalmente establece que “los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”. ¿Alguien puede dudar en su sano juicio que el contrato entre aquellas entidades financieras y sus cargos de responsabilidad no atentan contra la moral y el orden público?

Más recientemente nos hemos topado con los casos de dos personas juzgadas y sentenciadas por el asesinato de sus respectivos cónyuges y que, no obstante, vienen cobrando durante años la pensión de viudedad que ellos mismos forzaron. Pues bien, tras conocerse estos sucesos el Ministerio de Economía ha dado orden a la Abogacía del Estado “para que estudie la posibilidad de suspender” la prestación que perciben estos asesinos. Si existiese la Secretaría de Estado del Sentido Común ¿podría pensarse que ante unos acontecimientos como éstos decidiese “estudiar la posibilidad de suspender” las prestaciones cobradas por estos parricidas? ¿no dimitiría de inmediato el secretario de Estado de su cargo si fuese informado de que tenemos un Ordenamiento Jurídico -con mayúsculas- que permite a una persona beneficiarse con dinero público del asesinato de su propio cónyuge y que, para mayor inri, él mismo generó este derecho con su acto criminal?

Y, por último, ¿la Secretaría de Estado del Sentido Común del Ministerio de Justicia daría su visto bueno a que un presidente de Comunidad fuese juzgado por una entelequia -también llamada cohecho, simple, impropio y pasivo- cuando es público y notorio los presuntos favores otorgados por el Gobierno de aquella Comunidad a los que ofrecieron las presuntas dádivas?

Un anuncio televisivo ha vuelto a poner de actualidad la frase del joven protagonista de El sexto sentido, cambiando la palabra “muertos” por “técnicos”. Rindiendo mi particular homenaje a esta expresión, yo diré que, “en ocasiones veo sinsentidos; demasiados sinsentidos y en demasiadas ocasiones”.

Gerardo Rivas Rico es licenciado en Ciencias Económicas