Ambos artículos son la respuesta al acuerdo suscrito el día anterior por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados -a excepción de UPyD y Amaiur- cuyo texto proclama “la victoria de la democracia sobre la organización terrorista” ETA y exige la “disolución definitiva e incondicional” de esta organización terrorista.

O dicho de otra forma más contundente: PP, PSOE, CiU, PNV, el grupo parlamentario de Izquierda Plural y todo el Grupo Mixto, salvo Amaiur, suscribieron un acuerdo sobre el proceso final de ETA excluyendo nuevas ilegalizaciones y proclamando -además de la victoria de la democracia- “favorecer los esfuerzos hacia la convivencia social” y el “cumplimiento estricto de la ley”.

Ha sido el primer gran pacto de Estado de la presente legislatura en el que se viene a reeditar los pactos antiterroristas anteriores aunque, en esta ocasión, no sólo entre los dos grandes partidos sino con el apoyo casi unánime de todas las formaciones políticas con representación parlamentaria. Pues bien, a pesar de esta unanimidad de nuestros representantes, los presidentes de las dos asociaciones de víctimas del terrorismo -AVT y Voces contra el Terrorismo- han interpretado el acuerdo, y así lo reflejan en los artículos anteriormente mencionados, como la continuidad de la vigencia de la negociación del PSOE con ETA y a la que el resto de los partidos políticos se han unido -subido al “carro”, según expresión gráfica  de Ángeles Pedraza- en la búsqueda de una salida política para ETA.

¿Puede realizarse una lectura más retorcida, sectaria y hasta surrealista de lo acontecido en el Congreso de los Diputados? ¿Por qué demonizan al PSOE como el principal urdidor de un acuerdo que está apoyado por el 94% de los españoles representados en el Parlamento cuando, para más inri, este partido ni siquiera goza de la mayoría parlamentaria? ¿Por qué, en definitiva, la presidenta de la AVT, asociación que se define a sí misma como “una organización apolítica [subráyese lo de apolítica] de carácter benéfico asistencial que fue constituida con el objeto de socorrer a todas las víctimas del terrorismo”, se olvida de las señas de identidad de la asociación que preside y hace política adoptando una posición claramente beligerante con un determinado partido al que culpa de conducir un “carro” connivente con una organización terrorista?

Una aclaración: estas preguntas son meramente retóricas y no precisan contestación. Quien haya seguido mínimamente la trayectoria de estas asociaciones desde que en el año 2004 los socialistas accedieron al Gobierno no las necesitan.

Gerardo Rivas Rico es licenciado en Ciencias Económicas