Es la segunda vez que un juzgado paraliza la privatización de hospitales y centros de salud construidos, equipados y gestionados con dinero público y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid (PP) quiere convertir en empresas privadas. El pasado mes de julio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió provisionalmente el proceso de privatización al admitir a trámite el recurso presentado por el Partido Socialista de Madrid, pero dos semanas más tarde levantó dicha suspensión. Ahora ha sido el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid el que ordena la paralización del proceso de privatización de 6 hospitales públicos madrileños hasta que hay sentencia firme. Esta vez el recurso judicial fue presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem).

Reconocimiento de incompetencia, según el juez
En la resolución judicial se expone un hecho de gran calado, porque el juez considera que el deseo de privatización por parte del Gobierno de Ignacio González supone un reconocimiento implícito de incompetencia para gestionar un servicio público. Concretamente el juez afirma que "no se entiende bien cómo los responsables de la administración, encargados de la gestión de este servicio esencial, asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia". El Gobierno madrileño presentará recurso contra la nueva paralización del proceso de privatización de la sanidad, pero el varapalo marca época.

También cuestiona el supuesto ahorro
El titular del juzgado cuestiona el supuesto ahorro esgrimido por el Gobierno del PP. Hay que recordar que ni el Presidente, Ignacio González, ni el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, consiguieron cuantificar nunca el supuesto ahorro. El juez señala en su auto que el argumento del ahorro que esgrime el PP "resulta una incógnita en el momento actual", porque existen datos sobre países en los que la gestión privada de su sistema sanitario no ha supuesto un ahorro por, entre otros factores, la interposición de más operadores". El juez considera que el Gobierno madrileño habla de un ahorro "virtual" porque está basado en "cálculos hipotéticos, realizados sobre determinados parámetros que pueden no responder luego a la realidad", dado que frente al estudio presentado por el gobierno madrileño, la asociación de médicos ha presentado otro en el que se demuestra lo contrario: se ahorra más con la sanidad pública.