La sociedad pública Campus de la Justicia se creó en febrero de 2005 para asumir los gastos del reagrupamiento de 28 sedes judiciales de Madrid en Valdebebas. El entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, asumió la presidencia de la entidad 100% pública, de la que fue consejero delegado hasta mediados de 2008.

Un proyecto de Aguirre
Fue uno de los proyectos estrella de Esperanza Aguirre desde su llegada a la Presidencia de la Comunidad. En 2005, se lanzó un concurso internacional de ideas en el que participaron más de 300 estudios de arquitectura a nivel mundial y a cuyos premios se destinó un millón de euros. El proyecto consistía en 14 edificios y el presupuesto destinado al mismo ascendía a 500 millones de euros.

105 millones de euros
La crisis puso freno al macroproyecto, sin embargo a pesar de ser hasta el momento una propuesta urbanística fallida ha costado a las arcas públicas 105 millones de euros.

Campus de la Justicia sólo pudo concluir uno de los 18 edificios previstos, el Instituto de Medicina Legal, y construir un túnel doble de 1.300 metros que iba a dar servicio a todo el complejo.

En 2014 el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, decidió retomar el proyecto y convocar un concurso público, que finalmente ganó la UTE Acciona-OHL, pero cuya firma quedó parada con su salida de la Presidencia regional.

Fichajes de amigos y familiares del PP
Entre los aspectos investigados del Campus de la Justicia están las contrataciones a dedo, realizadas entre 2005 y 2010, de amigos y familiares de dirigentes del PP, que actualmente se están investigando en la comisión creada al efecto en la Comunidad de Madrid. Según datos publicados por El Confidencial, se pagó 1,6 millones en salarios a una veintena de trabajadores.

En 2005 la entidad pública contó con cuatro trabajadores en nómina; seis en 2006; diez en 2007 y 2008; ocho en 2009 y cuatro en 2010. Las indemnizaciones por la rescisión de sus contratos llegaron a los 216.000 euros.

A los salarios hay que sumar los 3,9 millones de euros que la entidad pagó a la empresa privada Bovis en concepto de "consultoría y asistencia técnica para los servicios profesionales de Gestión Integrada del Proyecto y la Construcción de la Urbanización y la Edificación del Campus de la Justicia de Madrid".