El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra (i), y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (d), a su llegada al ADDA para la inauguración de la jornada "Pymes y emprendedores.Focus Business", el lunes. EFE El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra (i), y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (d). EFE/Archivo



Sonia Castedo no se lo está poniendo fácil al PP. La alcaldesa, herida de muerte políticamente por los casos Brugal y Rabasa, ha aceptado dejar el bastón, pero no el Ayuntamiento, donde quiere quedarse como concejala de Turismo; además, pretende imponer a su sucesor. Alberto Fabra no quiere ni una cosa ni la otra.

Castedo teme que se filtre información que la perjudique
El próximo día 22 debería estar cerrada la sucesión de Castedo, según ha impuesto Génova, pero las negociaciones serán duras hasta el final. Según adelanta El Mundo, Castedo y el presidente valenciano mantienen un pulso para decidir el futuro mediato del Ayuntamiento.

Castedo quiere asegurarse de tener garantías de que su sucesor en la Alcaldía no filtrará documentación sensible que la pueda poner en una situación judicial difícil, así que pretende que en su puesto se quede el actual concejal de Hacienda, Seguridad y Personal, Juan Seva.

Seva está implicado en el caso Lucentum, que investiga un agujero de 9 millones de euros del club de baloncesto; un proceso que ya está visto para sentencia.

Castedo, doblemente imputada
Sonia Castedo está imputada por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz en el caso que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa, el proyecto urbanístico sobre la instalación de Ikea en el barrio alicantino de Rabasa.

Según un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF de Alicante, la alcaldesa siguió adelante con la tramitación del expediente administrativo del Plan Rabasa, a pesar de que estaba suspendida su ejecución desde diciembre de 2009 por orden del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El juez dice en su auto que en el informe policial “existen indicios de que esta actuación pudo realizarse para beneficiar los intereses” del empresario Enrique Ortíz.

En el caso Brugal, también aparece Ortiz
La alcaldesa de Alicante está también imputada en la parte del ‘caso Brugal’ que investiga presuntas irregularidades en el Plan General de Orientación Urbanística por los delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho; también por favorecer presuntamente a Enrique Ortiz.