La Abogacía del Estado reclama en un escrito remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que no suspenda de forma cautelar la exhumación del dictador Francisco Franco y rechace así la petición de la familia, que se presentó contra el acuerdo del Consejo de Ministros que inició los trámites para sacar los restos del Valle de los Caídos. El asunto será debatido  hoy lunes en el alto tribunal.

En su escrito de alegaciones, que firma el abogado del Estado Rafael García Monteys y que tiene fecha de este jueves, se señala que el escrito de la familia se refiere genéricamente a la ilegalidad del acto, pero sin concretar las causas. "Y los únicos vicios concretos que se aducen carecen de todo fundamento, pues no se ha quebrado el principio de igualdad ni se ha producido indefensión de terceros", añade el documento. 

Los servicios jurídicos del Estado emplean 25 páginas para contrarrestar lo argumentos de la familia Franco y solicitar además al Supremo que "considere la posibilidad de abrir el trámite de inadmisión" de su recurso.

A juicio del Gobierno el interés general de la medida adoptada por su Consejo de Ministros quedó justificado de modo "inequívoco y extraordinario" en el preámbulo del Decreto-Ley que puso en marcha el proceso administrativo para sacar de Cuelgamuros los restos del dictador, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

El Decreto impugnado, además, no implica ejecución de la exhumación y se inserta "en la tramitación ordinaria del procedimiento administrativo, el cual concede a la Administración una amplia libertad para determinar los actos de instrucción más adecuados en cada supuesto".

Singularidad de la situación de Franco

Tampoco existe según la Abogacía del Estado obligación alguna de que todas las eventuales exhumaciones que puedan hacerse en la Basílica del Valle de los Caídos se acumulen en un único procedimiento administrativo y, en todo caso, "no se quiebra el principio de igualdad ya que no cabe afirmar que la situación de otras personas inhumadas en el Valle sea equiparable a la de Francisco Franco".

Hoy el Supremo deliberará a puerta cerrada la concurrencia de la suspensión cautelar del expediente administrativo iniciado por el Gobienro. La familia lo reclamó para evitar un "daño irreparable", extremo que igualmente rechaza el abogado del Estado.

Será la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, formada por seis magistrados y presidida por el conservador Jorge Rodríguez-Zapata, quien decida sobre el fondo de la cuestión, mientras se decide este lunes en una pieza separada si entretanto, se paraliza cautelarmente la extracción de los restos mortales.