Fuentes de la investigación han confirmado a Efe estas dos imputaciones policiales, así como que los agentes y el fiscal Pedro Horrach han tomado declaración, entre ayer y hoy, a varias personas en relación a esta pieza del caso Palma Arena, en la que se indaga el supuesto desvío de fondos públicos a Nóos, una entidad sin ánimo de lucro.

Imputados de la etapa de Camps
En concreto, Nóos percibió unos 2 millones de euros del Valencia Turismo Convention Bureau y de CACSA, dependientes respectivamente del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat Valenciana, por organizar entre 2004 y 2006 las jornadas Valencia Summit sobre acontecimientos deportivos. Fuentes de Presidencia de la Generalitat valenciana han explicado a Efe que los dos exdirectores de CACSA han declarado en presencia de sus abogados, algo que sólo permite la ley en el caso de que los interrogados estén imputados. Jorge Vela es hermano del actual conseller de Hacienda, José Manuel Vela, y actualmente ocupa el cargo de director general del Instituto Valenciano de Finanzas.

Barberá no ve delitos
Por otro lado, también han declarado hoy el vicealcalde de Valencia y presidente del patronato del Valencia Turismo Convention Bureau, Alfonso Grau, según ha confirmado la propia alcaldesa, Rita Barberá. "Lógicamente, en nuestra posición de colaborar con la Justicia, ha ido a declarar", ha apuntado Barberá, quien ha insistido en que el acuerdo con el Instituto Nóos "es totalmente ajustado a la ley" y fue "aprobado por los órganos dirigentes de la Fundación Valencia Convention Bureau".

Johnson quita hierro al asunto
Por su parte, la portavoz del Gobierno valenciano, Dolores Johnson, ha explicado que la autoridad judicial "simplemente" ha solicitado información a la CACSA dentro de una fase de diligencias de investigación. Se trata de un caso que "no afecta" a la Generalitat, a la que "no se está investigando", ha asegurado.

"Respeto a los jueces"
Sobre este asunto, el ministro portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco, ha subrayado hoy que el Ejecutivo respeta "las decisiones judiciales y la presunción de inocencia" del duque de Palma, si bien se trata de un asunto que "no ha sido objeto de valoración" durante la reunión celebrada esta mañana por el Gobierno. Mientras tanto, el portavoz del Govern balear, Rafael Bosch, ha expresado la "total colaboración" y el "respeto" del ejecutivo autonómico hacia la Justicia en esta investigación y ha expresado el "máximo respeto" hacia todas las personas involucradas en este caso, al igual que con las que son investigadas en el resto de causas judiciales abiertas en las islas.

El palacete de Matas, a subasta
Además, hoy se ha conocido que un juzgado de Palma ha señalado para el día 25 de enero la celebración de la subasta pública de las tres fincas -entre ellas el "palacete" de Palma- con las que el expresidente balear Jaume Matas garantizó un préstamo del Banco de Valencia para pagar su fianza penal por el caso Palma Arena. La entidad bancaria presentó en mayo una demanda de ejecución hipotecaria contra los citados bienes del expresidente por impago de las cuotas del préstamo pactadas.

La fianza del Banco de Valencia
Esta entidad prestó a Matas 3 millones de euros, avalados con las tres hipotecas, para pagar la fianza de esta misma cantidad que dictó el juez instructor del caso contra el expresidente para evitar su ingreso en prisión. Recientemente, el juez Castro rebajó esta fianza a 2,5 millones de euros.

Quitar la calle a los duques
Finalmente, el grupo municipal nacionalista del Partido Socialista de Mallorca-IniciativaVerds-Entesa per Menorca propondrá en el próximo pleno del Ayuntamiento de Palma la retirada del nombre Duques de Palma a la Rambla de la ciudad a raíz de esta investigación judicial.