La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia (LAPAD), que tiene como objetivo vigilar la aplicación uniforme y equitativa de esa norma en el conjunto del territorio nacional, considera un desacierto las valoraciones realizadas por Rajoy, que “han despertado la preocupación de las plataformas, que han venido denunciando los incumplimientos y la opacidad seguida en la puesta en marcha de la Ley en distintas comunidades autónomas”.

Más de un millón de beneficiarios
En un comunicado, la LAPAD recuerda que en la actualidad, el ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad tiene registradas más de 1.600.000 solicitudes, cerca de 745.000 prestaciones y 1.050.000 personas beneficiarias con derechos a prestació, y que “todas estas personas verían peligrar sus derechos, que deberían sufragar con recursos económicos propios o encomendarse a la caridad”.

Un paso atrás
En el mismo sentido, el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha considerado que suspender las prestaciones a la dependencia supondría “un paso atrás de dimensiones históricas en el concepto constitucional de Estado social” porque “trasladar la cobertura pública a iniciativas caritativas es volver a la beneficencia, prácticas predemocráticas superadas hace décadas".

Una quiebra de la cohesión social
“Si el candidato popular sigue por ese camino se arriesga a una quiebra de la cohesión social, porque cuando la red pública y las organizaciones sociales no pueden prestar sus servicios a las personas que lo necesitan se encarga la familia y si eso falla se produce la quiebra”, ha agregado Ramírez, en declaraciones a El País.

Logros irrenunciables
Por su parte, el CERMI, la plataforma de la discapacidad, ha pedido que los avances conseguidos en la Dependencia “se mantengan a toda costa como logros irrenunciables”, porque “no son susceptibles de reducción o recorte”.

Concentraciones de protesta
Este viernes, las asociaciones valencianas han anunciado concentraciones en Valencia y Alicante a las doce, y a la una en Orihuela, frente a las delegaciones de Bienestar Social. En la capital de la Comunidad Valenciana se concentrarán también al mediodía ante la sede del Partido Popular. Las plataformas de Madrid y Castilla-La Mancha convocarán también protestas donde tienen representación.