El juez de la Púnica, Eloy Velasco, se ha visto obligado a leer la cartilla a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la falta de colaboración de la administración madrileña en la instrucción de este caso. Paradójicamente, fue el mismo juez el que, a principios de año, permitió que la comunidad se pudiera presentar como acusación particular independiente al entender que su objetivo era defender los intereses de todos los madrileños.

Hasta entonces, la CAM estaba ejerciendo su acusación junto a la Asociación de Abogados Demócratas de Europa. “Es palpable y evidente la diferencia de intereses que hay entre una Asociación de Abogados y una institución pública que trata de velar por la defensa del patrimonio público de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid”, decía Velasco por entonces.

Ahora, parece que la Comunidad de Madrid más bien busca salvar sus propios intereses, pues no ha entregado algún que otro documento que la justicia le ha requerido. En esta línea, Eloy Velasco ha tenido que reclamar a la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Tesorería de la Comunidad de Madrid una serie documentos contables que ilustran los pagos hechos a la empresa de reputación 'online' EICO. La clave está en que no es la primera vez que se pide su entrega y que el juzgado lleva esperando desde noviembre del año pasado a que la CAM entregue dichos documentos, según se puede constatar en el mandamiento escrito por el juez y al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM.

“Requiérase nuevamente a la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Tesorería de la Comunidad de Madrid, a fin de que complete la información enviada en relación al requerimiento efectuado por auto de fecha 4 de noviembre de 2015”, reza el escrito de Velasco después de comprobar que le habían enviado información incompleta.

La intención del Gobierno de Cifuentes de colaborar con la justicia y de actuar como acusación para defender a los ciudadanos parece que se disipa con acciones como estas.

Requiere “nuevamente” su colaboración

Concretamente, el juez ha tenido que pedir “nuevamente” a la comunidad 11 documentos que corresponden a pagos realizados durante los años 2012, 2013 y 2014 a EICO Online Reputation Management SL; o dicho de otro modo, la empresa del presunto ‘conseguidor’ de la Púnica, Alejandro de Pedro, y sobre la que gira la trama.

La Comunidad de Madrid habría pagado a esta empresa, según las investigaciones, para hacer trabajos de posicionamiento web con la intención de limpiar o intentar mejorar la imagen que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González tenía en internet, tras saltar el caso por la compra de su ático.

Ahora el juez pide poder ver esos certificados de pago que oscilan entre los 3.627,58 euros y los 1.813,79 euros y, aclara por escrito, “que la información solicitada sea remitida directamente a la Unidad central Operativa de la Guardia Civil”. “Que los agentes de la Policía Judicial quedan expresamente autorizados para recabar de todos los organismos anteriores cualquier información o documentación ampliatoria relacionada con la que estos hubiesen facilitado previamente en cumplimiento al mandato judicial, con la finalidad de seguir el rastro de la operación en cuestión” y así, poder “identificar a todos los intervinientes en la misma”, apunta Velasco.

Acusación y acusados

No es complicado que surjan las dudas, pues los conflictos de intereses aparecen cuando el partido que preside la Comunidad de Madrid, el PP, es acusación particular en un caso que les salpica directamente.

Por poner ejemplos, el número tres de Cifuentes, el Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, ha sido directamente señalado por estar relacionado con operaciones inmobiliarias en entredicho. Lo mismo ocurre con otros diputados populares en la Asamblea de Madrid como Bartolomé González, alcalde de Alcalá de Henares, o Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas.