The New York Times,  ve detrás del juicio contra el magistrado una revancha política por parte de aquellos a los que procesó por corrupción. "El juez Garzón se hizo famoso por sus procesos contra los terroristas vascos, torturadores argentinos, el dictador chileno Augusto Pinochet y políticos españoles. Sus poderosos enemigos ahora ven la oportunidad de terminar con su carrera.

Crímenes terribles sin juzgar
"Durante y después de la Guerra Civil Española (1936-1939) se cometieron crímenes terribles que ningún juzgado ha examinado ni juzgado. Nadie sabe cuántas personas desaparecieron, fueron torturadas o asesinados. Ahora, uno de los principales magistrados españoles, Baltasar Garzón, se enfrenta a juicio por osar abrir una investigación sobre esas atrocidades”, asegura el influyente diario estadounidense en su editorial,  titulado "La verdad a juicio en España".

Un eco del totalitarismo franquista
The New York Times ve como “un eco preocupante del pensamiento totalitario de la era franquista” el juicio contra Garzón, a pesar de que -precisa- "España es, a día de hoy, una vibrante democracia”. El diario recuerda que el juez se enfrenta “a cargos criminales que pueden suspenderle del ejercicio de sus funciones por más de 20 años, por atreverse a desafiar la ley de amnistía del año 1977 en la transición a la democracia."

La decisión "acertada" de Garzón
"Garzón, muy acertadamente, defiende que bajo la ley internacional no puede haber amnistía para crímenes contra la humanidad que incluyen desapariciones sin resolver, miles de fosas comunes sin abrir, dado que constituyen un crimen continuado", continúa el periódico estadounidense.

La acusación de la extrema derecha
The New York Times recuerda que en el año 2008, el juez inició una investigación oficial ordenando abrir 19 fosas comunes y procesando simbólicamente al General Francisco Franco y varios de sus oficiales, todos muertos, por la desaparición de más de 100.000 personas. A continuación, describe que una apelación cerró la investigación y al año siguiente, dos grupos de extrema derecha presentaron cargos criminales contra el juez por desafiar la ley de Amnistía. El fiscal General del Estado argumentó que no se había cometido crimen alguno al abrir el proceso, pero el Tribunal Supremo aceptó el caso.

Puede afectar a la independencia judicial
El periódico informa que “el juez Garzón también se enfrenta a acusaciones por como llevó otros dos casos que implicaban a políticos” y afirma: “No entramos a juzgar su actuación en estos dos. Pero procesar criminalmente a magistrados por sus decisiones en España es muy extraño y puede afectar a la independencia judicial”.