El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, había dado de plazo hasta hoy a las entidades para alcanzar el mínimo de capital exigido, bien a través de salidas a bolsa, operaciones corporativas, ampliaciones de capital o fusiones. Al cumplirse este viernes el plazo, el responsable de la entidad supervisora compareció ante la prensa para dar cuenta del intenso proceso de recapitalización que se ha desarrollado en los dos últimos años, y que ha permitido no sólo sanear las entidades, sino reducir su número.

De 45 cajas a 15
Este proceso ha sido especialmente intenso en las cajas de ahorros, de las que sólo quedan 15, frente a las 45 de hace dos años. Ahora, en cualquier caso, se da por concluido el proceso abierto para que las entidades cumplieran con el mínimo del 10 por ciento de capital principal -8 por ciento si cotiza en bolsa-, dijo el gobernador. En un principio eran trece entidades, la mayor parte cajas de ahorros, las que tenían que buscar la manera de captar los fondos privados necesarios, y no todas ellas lo han logrado.

El FROB se queda con tres entidades
De hecho, según se anunció hoy, el Estado -a través del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB)- se ha visto obligado a quedarse con el 100 por ciento del banco de Unimm, que integra a Caixa Terrasa, Caixa Sabadell y Manlleu. Igualmente, ha tenido que entrar con el 90 por ciento de CatalunyaCaixa -Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona- y con el 93 por ciento del NCG Banco, entidad que asume las competencias financieras de Novacaixagalicia. Se trata, según dijo el gobernador, de dar una nueva oportunidad a estas entidades, en algún caso con nuevos gestores, para fortalecerse y asegurar su pervivencia.

"La gran diferencia con el resto es que la CAM no es viable"
Caso contrario es el de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, una entidad considerada hasta hace poco la cuarta caja de España y que hoy permanece intervenida y en proceso de subasta. "La gran diferencia con el resto es que la CAM no es viable", dijo Fernández Ordóñez, quien tuvo duras palabras para la entidad y para sus anteriores gestores. Los administradores del Banco de España despidieron esta semana a la directora general, María Dolores Amorós, que según se desveló hace unos días cobraba una retribución anual de 593.040 euros, además de una renta vitalicia de 369.497 euros por ejercicio. Sobre ella pesa la sospecha de haber buscado "el beneficio propio, falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente" cuando fue directora general.

"Es lo peor de lo peor"
"La CAM es lo peor de lo peor", afirmó hoy en la rueda de prensa el gobernador, quien reconoció que, como persona, la información que estaba saliendo sobre los anteriores gestores de la caja le parecía "escandalosa". El supervisor no ocultó además que al final, la intervención y subasta de la CAM le pueda costar dinero al contribuyente. "Pero no podemos actuar con las tripas. Hay un protocolo que tenemos que seguir de manera exquisita y escrupulosa", que pasa por intervenir la caja, estabilizar sus cuentas, echar a los administradores e investigar si hay indicios de delito, explicó.

Plazo adicional para dos entidades
En cuanto al resto de entidades, Ordóñez confirmó que se había dado un plazo adicional de 25 días a dos de ellas, BMN y Liberbank, para completar su plan de recapitalización, aunque indicó que su situación era "solida". Otra de las entidades analizadas que requería mejorar sus ratios de capital era Caja EspañaDuero, que avanza en su fusión con Unicaja. A ellas se unen Bankia y Banca Cívica, que lograron los fondos necesarios saliendo a bolsa este verano, así como dos bancos, Barclays y Deutsche Bank, que simplemente recibieron fondos de sus matrices para alcanzar el capital requerido. Los dos restantes eran Bankinter, que amplió capital, y Bankpyme, cuyo negocio ha sido adquirido por Caixabank por 16 millones de euros, según se anunció hoy.

7.551 millones públicos y 5.838 privados
En total, la reestructuración del sector ha costado al Estado, a través del FROB, un total de 7.551 millones de dólares, a los que se unen los 5.838 millones de euros que las entidades han captado de inversores privados. Esto eleva a 13.389 millones el coste total de la reestructuración financiera, cifra que se sitúa por debajo de los 15.152 millones de euros que se había calculado inicialmente. El gobernador hizo un balance positivo del proceso que concluye hoy, y que ha permitido sobre todo redimensionar el sector "después de la borrachera que se produjo entre los años 1994 y 2006, y que hizo que el sector creciera por encima de lo que el país se podía permitir".