Resulta, además, muy llamativo que servicios públicos ampliamente consolidados durante las últimas décadas de la democracia española, con un coste económico razonable y un amplio beneficio social, se pongan en cuestión por parte del Gobierno.

La razón oculta
¿Qué es lo que se esconde, en realidad, detrás de este planteamiento? Pareciera que se está buscando el deterioro progresivo de la calidad de estos servicios públicos para favorecer la entrada del sector privado y generar así nuevas oportunidades de negocio solo para unos pocos, claro.

Lo cierto es que esta improvisación y descoordinación con la que está actuando el Gobierno de Rajoy en un asunto tan importante para los españoles no sólo está logrando transmitir mayor inquietud y desconfianza fuera de España, sino que también está generando inseguridad, preocupación y hasta alarma entre la ciudadanía y los profesionales del sector.

Preocupación ciudadana y profesional
Quiero recordar que hace tan solo un par de meses, los profesionales ─la Organización Médica Colegial y otras organizaciones─ ya alertaron sobre el deterioro de la sanidad y se rebelaban contra los recortes, por sus consecuencias en la calidad de los servicios y, por tanto, sobre la salud de las personas.

Los ciudadanos también están preocupados y, según los datos del CIS, ya sitúan la sanidad como una de sus preocupaciones más relevantes cuando, hace apenas un año, la sanidad era valorada como el mejor servicio público y los ciudadanos la situaban al final de la lista de sus preocupaciones.

La coartada de la crisis
Es verdad que en estos momentos es necesario reducir el déficit. Ahora bien, lo que no estamos dispuestos a permitir es que, con la coartada de la crisis económica, el Gobierno de Rajoy imponga su modelo de sanidad, y se abogue por la supuesta necesidad de incorporar medidas de copago sanitario para poder sufragar los costes de los servicios sanitarios.
Desde la creación del sistema sanitario público, hace ya varias décadas, los ciudadanos no tienen que pagar ninguna tasa por ningún servicio, a excepción de la participación económica del  40% sobre el precio de venta al público de los medicamentos que corresponde satisfacer a los usuarios, con carácter general, en el momento de la dispensación en oficina de farmacia (con las excepciones de los medicamentos para pacientes crónicos y para pensionistas).

Los ciudadanos no pagan
Por tanto, la introducción del copago supondría un cambio cualitativo de enorme magnitud en el acceso a los servicios de salud por parte de los ciudadanos que, en la actualidad, acceden a los servicios de manera gratuita ─porque ya se financian a través de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos en función de la renta. Además, el copago podría generar un riesgo de perjudicar la salud de los pacientes, que se verían abocados a decidir usar o no un servicio sanitario o adquirir o no un medicamento en función de criterios económicos.

Por otra parte, una medida como el copago afectaría especialmente a las capas de población más vulnerables y con más necesidades (personas mayores y enfermos crónicos, sobre todo) que son los que más usan los servicios de salud, culpabilizándoles de un problema que nada tiene que ver con su situación.

Un sistema sostenible
Por todo ello, me parece muy importante insistir en que nuestro sistema sanitario puede y debe ser sostenible, sin realizar recortes en las prestaciones, sin mermar la calidad y sin instaurar el copago sanitario.

Se trata de un sistema ampliamente descentralizado y que, en la actualidad, es uno de los más equitativos y eficientes del mundo, con resultados superiores en salud a los de la mayoría de países desarrollados (alta esperanza de vida, baja mortalidad asociada a las principales patología). De hecho, el Sistema Nacional de Salud requiere de una inversión pública de en torno al 6,5% de nuestro PIB, 2 puntos menos que los países de nuestro entorno. Por todo ello, sin ningún tipo de duda, el SNS es un sistema público viable, aún en tiempos de crisis.

Medidas alternativas
Hay que decir bien claro: existen alternativas a la sostenibilidad del sistema público de salud que no implican recortes o copagos. Me refiero a medidas que incidan en el control del gasto farmacéutico (como la subasta andaluza, que ahorraría 1.500 millones), las compras centralizadas (que ya se pusieron en marcha con la vacuna de la gripe),  la mejora de la gestión del cobro de accidentes (laborales, deportivos, del hogar, de tráfico) que se atienden en la sanidad pública y que podrían suponer el ingreso de entre 700 y 1.000 millones de euros adicionales, o la obtención de ingresos vía impuestos al alcohol de alta graduación o tabaco.

Para los socialistas, una sanidad pública de calidad no sólo es un bien irrenunciable, una política fundamental para garantizar la equidad y la cohesión social, sino que la experiencia nos demuestra que es perfectamente sostenible.

Trinidad Jiménez es secretaria de Política Social del PSOE y exministra de Sanidad y Exteriores