En un informe de casi 200 folios, al que ha tenido acceso La Razón, la mayor asociación de jueces, muy cercana al Partido Popular, alega que hay un exceso de litigios en España, muy superior al existente en países de nuestro entorno, y que esta situación afecta al funcionamiento de la Administración de Justicia y, además, influye directamente sobre la economía, ya que cada procedimiento tiene un coste medio para el erario público de entre 1.500 y 1.800 euros.

Evitar enfrentamientos entre el Supremo y el Constitucional
Los jueces proponen, además del copago, reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que aborde cuestiones como delimitar el tiempo máximo para la instrucción de las causas y el secreto sumarial, desjudicializar determinadas conductas, limitar los recursos de apelación en la instrucción, evitar que se repitan enfrentamientos entre los tribunales Supremo y Constitucional, y fomentar mecanismos alternativos para la resolución de conflictos.

Se verían perjudicadas las personas con rentas bajas
La asociación de jueces afirma en su informe que es consciente de que la imposición de esa tasa puede disuadir a ciudadanos con rentas inferiores de acudir a la Justicia, pero mantiene que “resulta inadmisible que se inicien pleitos –o se sostengan oponiéndose indebidamente a una demanda– sabiéndose fehacientemente que se carece de derecho”, cuando el litigante no soportará ningún coste de los gastos de funcionamiento de la Justicia, “ni siquiera los de su propio abogado (pues gozará de una justicia gratuita de concesión excesivamente generosa)”.